PL

Por María Josefina Arce

Ecuador vive desde hace días nuevos sucesos violentos en sus cárceles. El último se registró en la Penitenciaria del Litoral, en la ciudad costera de Guayaquil, donde varios detenidos fueron asesinados y otros resultaron lesionados.

Este hecho estuvo antecedido por otro de la misma índole en la provincia de Cotopaxi, al sur de Quito, la capital, que también dejó un saldo de varios muertos y heridos.

Desde 2021 el país ha sido sacudido por varias masacres en los penales. Unos 400 reos han sido asesinados, en lo que el gobierno del presidente Guillermo Lasso atribuye a una guerra entre miembros de bandas criminales, cuya encarcelación quiere presentar como un éxito del enfrentamiento al narcotráfico.

Sin embargo, expertos recuerdan que 70% de los asesinados  no tenían sentencia, muchos estaban bajo el régimen de prisión provisional, y 39% se encontraba recluidos por delitos menores.

Cuando asumió la presidencia Lasso dijo que quería acabar con esa violencia, pero hasta el momento no hay resultados concretos, y Ecuador sigue inmerso en una crisis carcelaria, que se venía gestando desde hace años y que se ha agudizado en los últimos tiempos.

Ya durante el anterior gobierno, presidido por Lenín Moreno, también se registraron sucesos violentos que dejaron varios muertos. La respuesta fue declaratorias de emergencia y mano dura.

Hacinamiento, falta de presupuesto, ausencia de programas de rehabilitación y la falta de personal penitenciario o poco capacitado es una realidad de estos recintos, dónde el gobierno ha sido incapaz de controlar la situación.

Organismos internacionales han llamado a las autoridades a garantizar condiciones dignas a los presos y una política de prevención del delito, en la que la encarcelación no sea el principal recurso.

El subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU alertó sobre la crítica situación del sistema penitenciario en Ecuador, y señaló que las prisiones carecen de servicios esenciales y recursos básicos.

Para gran parte de la ciudadanía es imprescindible invertir en programas sociales para combatir la pobreza, la precariedad del empleo, y reducir así,  la posibilidad de que los jóvenes sean reclutados por bandas criminales y vean en ello una alternativa para sobrevivir y ayudar a sus familias.

La crisis carcelaria en Ecuador es un viejo problema, que no se puede asociar solamente a la proliferación de bandas criminales, sino que igualmente hay que tener en cuenta el aumento de las desigualdades, la ausencia de políticas sociales que vayan reduciendo la inequidad y mejoren las condiciones de vida.