Foto: Página Siete
Por María Josefina Arce
La fecha de realización del Censo de Población y Vivienda ha sido esta vez, el pretexto escogido por la derecha de Bolivia para intentar desestabilizar al gobierno constitucional del presidente Luis Arce, lo que revive el fantasma de un golpe de estado en la nación suramericana.
Vuelve a estar al frente de los ataques contra las autoridades el actual gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, uno de los principales promotores de la asonada golpista de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales.
Previsto para el venidero mes, las autoridades decidieron aplazar, por problemas técnicos, hasta el 2024 el censo, que Camacho y sus seguidores exigen se efectúe en 2023.
Aunque Arce y su gabinete han promovido en todo momento el diálogo, el gobernador de Santa Cruz no ha mostrado el menor interés al respecto. De hecho ninguna autoridad de ese departamento acudió el pasado día 11 a la mesa de diálogo convocada por el gobierno.
También rompió a las pocas horas las conversaciones iniciadas el sábado pasado, día en que arrancó en esa amplia y rica región boliviana un paro indefinido, organizado por la oligarquía y que ya se ha cobrado una víctima mortal.
Gobernadores de otros departamentos, incluso opositores a Arce, se han sumado a las críticas contra Camacho, quien consideran quiere imponer su punto de vista regional que impacta en la agenda de todo el país.
Organizaciones sociales bolivianas calificaron de ilegal e inconstitucional el paro que cuesta diariamente 36 millones de dólares al país, al tiempo que denunciaron las acciones de amedrentamiento, racismo y golpes de los grupos de choque de la derecha para imponerlo.
La agencia noticiosa Prensa Latina precisa que reportes del canal estatal Bolivia TV desde Tarija, Beni, Chuquisaca, La Paz y Cochabamba mostraron cómo a pesar de los intentos de las fuerzas afines a la élite cruceña de mponer bloqueos, estos planes fracasaron por la escasa capacidad de convocatoria de esos grupos.
Llama la atención que en medio de este panorama de tensión y cuando la oligarquía preparaba sus acciones desestabilizadoras, la administración norteamericana envíó al Congreso un reporte de la injerencista OEA, Organización de Estados Americanos, sobre un supuesto fraude en los comicios de octubre de 2019, en los que fue reelecto Evo Morales.
A pesar de todas las maniobras de la derecha, el gobierno del presidente Luis Arce mantiene su voluntad de dialogar, de hallar entre todos una solución por lo que llamó a los diversos sectores para el próximo viernes a un Encuentro Plurinominal por un censo consensuado
