Por María Josefina Arce

La exclusión de Cuba de la unilateral lista de Estados Unidos de países supuestamente patrocinadores del terrorismo fue una de las demandas de la Séptima Cumbre de jefes de estado y de gobierno de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños,  celebrada recientemente en Buenos Aires.

La solicitud está contenida en una de las once Declaraciones Especiales aprobadas en la cita de la capital de Argentina, y que rechaza las listas y certificaciones arbitrarias que afectan a naciones de la región.

Días antes un total de 160 abogados estadounidenses se pronunciaron en igual sentido, en  una carta enviada al presidente Joe Biden. Los firmantes destacaron la total ausencia de argumentos legales y morales para la presencia de la Mayor de las Antillas en esa relación, que supone la imposición de sanciones económicas y financieras  que limitan su capacidad para hacer transacciones.

Desde 1982 y durante más de tres décadas, La Habana formó parte de esa lista, hasta que en 2015 el entonces mandatario Barack Obama ordenó su retirada en medio de un acercamiento entre los dos países.

Pero en los últimos días de su mandato, su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump, volvió a incluir a Cuba, en un acto calificado de meramente político para complacer a la ultraderecha de origen cubano, asentada en suelo estadounidense.

Desde ese momento no ha cesado el reclamo de gobiernos, pueblos, organismos internacionales y personalidades de que sea excluida de esa lista Cuba, una nación que, enfatizan, tiene una larga historia de proporcionar asistencia sanitaria y salvar vidas en todo el mundo.

El archipiélago ha dejado clara en foros mundiales su postura a favor de la paz y seguridad Internacionales, para lo cual ha contribuido incansablemente todos estos años.

En 2014 bajo su presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños fue declarada en La Habana la región como una zona de Paz.

Por demás, Cuba fue garante del diálogo de paz entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la otrora guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.

El papel desempeñado en este proceso ha sido resaltado por la ONU, que destacó el respeto por la parte cubana a los protocolos establecidos en este tipo de negociaciones.

Su seriedad, responsabilidad y compromiso con la paz en Colombia llevó a que haya sido ratificada su designación como país garante en las conversaciones que mantiene en la actualidad el nuevo gobierno colombiano, presidido por Gustavo Petro, y el insurgente Ejército de Liberación Nacional.

Cuba es un país defensor del Derecho Internacional y comprometido con la Carta de las Naciones Unidas. Y en ese sentido ha rechazado toda medida de coerción y abogado por el diálogo, la solución pacífica de los conflictivo, y la solidaridad y cooperación.