Los docentes también protestaron contra la violencia tanto dentro como fuera
de las escuelas. Foto tomada de Archivo/Juventud Rebelde
Por María Josefina Arce (RHC)
A la demanda de un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, los educadores de Ecuador sumaron el pedido de igual medida contra la ministra de Educación, María Brown, a la que acusan de incumplir con sus funciones al frente de esa cartera y no garantizar la seguridad en las escuelas.
Los docentes tomaron las calle en los últimos días en una nueva manifestación en defensa de la educación en el país andino, que atraviesa por una difícil situación, agravada tras dos años de pandemia de la COVID-19 y la falta de voluntad política del gobierno que preside Lasso, que ha hecho recortes al presupuesto destinado a esa esfera.
Los manifestantes rechazaron el reglamento impuesto por el ejecutivo para aplicar la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la cual, denunciaron, promueve la privatización de la enseñanza y por tanto, impedirá el acceso a las aulas de más niños y jóvenes.
Asimismo, señalaron que esa ley genera sobrecarga laboral y administrativa sobre los maestros y no garantiza el presupuesto requerido para la educación en todos sus niveles.
En el centro de la protesta estuvo, también, la ausencia de políticas públicas contra la inseguridad y la violencia tanto dentro como fuera de las escuelas. Ecuador está inmerso desde hace meses en una ola de asesinatos, secuestros, extorsiones y masacres carcelarias.
El pasado año se registraron en territorio ecuatoriano casi cinco mil homicidios, un promedio diario de 10,4 casos. De acuerdo con datos oficiales, entre el pasado primero de enero y el 20 de este mes, ya se contabilizaron mil 356 muertes violentas. El promedio de casos en el día es de 17,4.
Las autoridades señalan a un conflicto entre bandas la ola de violencia, pero esta también ha matado a personas que no tenían vínculos con la delincuencia.
La realidad es que ya las escuelas no son centros seguros. En la ciudad de Guayaquil, una de las más violentas, 10 de esas instituciones tuvieron que pasar a finales del pasado año a las clases virtuales.
A esto se suma que menores y adolescentes que no han retornado al sistema escolar son reclutados por las bandas criminales. Tras los poco más de dos años de pandemia aumentó la deserción escolar, más de 195 mil estudiantes no han regresado a las aulas.
La difícil situación económica generada por la emergencia sanitaria mundial y la falta de acciones gubernamentales sumieron a muchas familias en la pobreza, una situación aprovechada por la delincuencia para atraer a niños y jóvenes, que ven la posibilidad de entrada de dinero para ayudar en sus casas.
Los ecuatorianos demandan la implementación de políticas gubernamentales en beneficio de la sociedad, pues el país, afirman, enfrenta serios problemas en salud, educación, desempleo y una mayor pobreza.
