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Por: Roberto Morejón

El más agudo malestar social en Francia en décadas, en torno a la reforma de pensiones, posiblemente se extienda a pesar de que el Consejo Constitucional dio luz verde a la medida, objetada en el país.

El máximo órgano constitucional de Francia No frenó, como esperaban los sindicatos, el impopular plan de pensiones del presidente Enmanuel Macron, quien lo considera eje central de su segundo mandato.

La función del organismo era asegurar de que el proyecto de ley, ya aprobado por el gobierno utilizando un poder constitucional especial y sin votación en el parlamento, se atenga a la Constitución antes de su promulgación.

El máximo tribunal adujo que su dictamen no califica de bien o mal la reforma de pensiones que contempla elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años y solo se circunscribe a su basamento jurídico, el cual ratificó.

Pero la determinación no es suficiente para frenar la irritación nacional, evidenciada fundamentalmente en 12 huelgas desde enero último, además de concentraciones en las calles e incidentes violentos.

El cuerpo legal, que extiende el tiempo de trabajo a 43 años para recibir una pensión completa, sigue generando consternación y hasta furia.

Las autoridades afirman que la reforma es necesaria para mantener a flote el sistema de pensiones cuando la población envejece, pero los gremios tienen otra visión.

Los afiliados consideran que cualquier soporte financiero al programa de jubilación debería alcanzarse a través del aumento de los impuestos a los más ricos y a los patronos.

Como considera que no ha sido escuchado, el movimiento obrero, que por años debió enfrentar divisiones y ahora las ha engavetado, decidió convocar a nuevas protestas masivas el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

En medio de lo que ya se vislumbra como una jornada obrera agitada, las encuestas evidencian una mayoritaria impugnación a la idea de Macron de extender dos años más la vida laboral antes de obtener los beneficios de una pensión.

De manera que el descontento generalizado pone en tela de juicio el matiz victorioso otorgado por el gobierno a la decisión del Consejo Constitucional, y echa por tierra los intentos del palacio del Elíseo de pasar la página de las protestas y apaciguar la calle.