Asamblea Nacional avanza en el enjuiciamiento político del presidente Guillermo Lasso. (Foto:PL)

Por María Josefina Arce

La decisión de la Asamblea Nacional de avanzar en el enjuiciamiento político del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por el delito de malversación de fondos públicos domina el panorama de la nación andina, dónde los próximos días serán cruciales, ante la reacción del mandatario que ya había amenazado con anterioridad con aplicar la llamada "muerte cruzada".
    
Este mecanismo constitucional dota al presidente de la posibilidad de disolver el órgano legislativo y convocar a elecciones generales anticipadas, en las que también estará en juego su cargo.
    
Durante cuatro horas los parlamentarios debatieron este martes sobre el tema, luego de que la Comisión de Fiscalización del ente legislativo  no pudiera aprobar un informe que pretendía engavetar el proceso contra el mandatario, quien se considera habría permitido dar continuidad a unos contratos para el transporte de petróleo a favor de terceros, a pesar de ser consciente que los mísmos representaban una pérdida para el estado.
  
El debate sobre el futuro de Lasso ha estado marcado por el constante reclamo de los ecuatorianos de que renuncie a su cargo, dada su incapacidad para resolver los problemas del país.
  
De hecho mientras se desarrollaba la discusión en el Parlamento, numerosos ciudadanos se concentraron frente a la sede del órgano legislativo, en Quito. "Fuera, Lasso, fuera" y "Fuera narco Lasso" fueron algunas de las consignas que se escucharon.
   
La realidad es que próximo a cumplir dos años de mandato, más del 80% de la población desaprueba la administración de Lasso, en medio de la alta ola de violencia que desde hace meses sacude a la nación.
  
El pasado año en territorio ecuatoriano se registraron más de cuatro mil 500 muertes violentas, y la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas, fue el epicentro de los homicidios.
  
Las propias autoridades han tenido que reconocer que el país vive en la actualidad el peor momento de la crisis de violencia en años. Hasta abril pasado ya habían sido asesinadas más de mil cien personas.
  
El gobierno de Lasso, que relaciona la violencia al narcotráfico,  ha decretado estados de excepción y desplegado una alta cifra de policías y militares en las calles, medidas que no van a las raíces del problema.
   
Los ecuatorianos reclaman la adopción de políticas públicas integrales que lleven al desarrollo socioeconómico y mejoren las condiciones de vida. Señalan a la pobreza, ei desempleo, el analfabetismo y la falta de acceso a servicios básicos como la salud como los verdaderos causantes de la actual situación.
 
Habrá que esperar a ver cuál es la reacción de Lasso a la decisión de la Asamblea Nacional. Por lo pronto para entre el 20 y 22 de este mes está prevista la votación para la censura y su  posible destitución.