Dina Boluarte brinda balance de los seis meses de su gestión de gobierno. (Foto:TV Perú)

Por María Josefina Arce

Con una  desaprobación a su gobierno de alrededor de 80%, hizo la presidenta designada de Perú, Dina Boluarte, un controvertido  balance de  los seis meses de su gestión; un informe alejado de la realidad que vive la nación andina, inmersa en la  inestabilidad política y social, y en el que convenientemente olvidó mencionar la violenta represión ejercida bajo su mandato contra la población.  
     
Boluarte que  llegó a su actual cargo tras el golpe parlamentario de diciembre pasado contra el presidente constitucional Pedro Castillo, intentó dar la imagen de un Perú, donde se ha logrado preservar el orden democrático y el estado de derecho.
  
Una afirmación desmentida por su comparecencia la pasada semana ante la Fiscalía para declarar por las muertes acaecidas durante las protestas que estallaron en diciembre, tras la criticada destitución de Castillo y su encarcelamiento.
    
Boluarte está acusada de "genocidio,homicidio calificado y lesiones graves" por la fuerte represión desatada contra los manifestantes en regiones del sur como Puno, Junín y Ayacucho, de mayoría indígena.
  
Cerca de 70 personas fueron asesinadas por la policía y el ejército durante las protestas, en apoyo a Castillo y en demanda de la renuncia de Boluarte y la disolución del Congreso, también cuestionado por los peruanos.
   
Organizaciones sociales y de derechos humanos han denunciado graves violaciones de las prerrogativas ciudadanas y un marcado sesgo racista de los cuerpos de seguridad. De acuerdo con los informes, indígenas y  campesinos fueron las principales víctimas del excesivo uso de la fuerza contra las protestas, que por supuesto, la mandataria pretendió vincular a elementos delincuenciales y a la oposición.
   
Incluso investigaciones de la prensa nacional y extranjera revelaron que muchos civiles atacados con balas por militares y policías no representaban una amenaza real y en algunos casos ni formaban parte de las manifestaciones.
  
La mandataria además, intentó reiteradamente restar importancia a la violencia ejercida por las fuerzas del orden, e incluso al referirse a Puno, una de las regiones más afectadas y  con mayor número de víctimas, dijo que "Puno no es el Perú".
  
Sin embargo, envió a  esa zona un enorme contingente de vehículos y helicópteros militares. Los residentes dejaron documentado en vídeos como los soldados recorrían las calles.
  
En su informe Boluarte también alabó la gestión del gobierno durante los fenómenos naturales que afectaron a la nación en los últimos meses, como el ciclón Yaku, en marzo. Pero las encuestas dicen lo contrario; 82% de los ciudadanos opinan que el ejecutivo no ha hecho lo suficiente a favor de los damnificados, ni para prevenir las afectaciones.
  
La presidenta hizo un balance de su gobierno que en nada refleja la realidad del país, dejó de lado a conveniencia aspectos escabrosos de la actual situación, así como el  aislamiento internacional de que es objeto.
  
Boluarte ha desoido a la ciudadanía. Y aunque ha cambiado su discurso sobre su continuidad en la presidencia, se ha mantenido al frente del país contra viento y marea, aliada a la derecha, a pesar del pedido de renuncia de la inmensa mayoría de la población.