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Por María Josefina Arce

Los cuatro años de mandato del hoy expresidente Jair Bolsonaro convirtieron a Brasil en un país inseguro, que iba camino de imitar a  Estados Unidos en la creciente proliferación de armas de fuego en la sociedad  y el aumento de la violencia armada.
   
Datos del  Anuario Brasileño de Seguridad Pública, revelaron que al concluir el ex capitán del ejército su gestión al frente de la nación sudamericana se registraba un crecimiento de 241% del número de armas de fuego en manos de particulares.
    
De acuerdo con el informe, la cifra de estos aparatos entre los civiles sobrepasó a la que existen en los órganos públicos y casi una tercera parte de ellas tenian los registros expirados.
  
Desde que llegó al poder en 2019 Bolsonaro flexibilizó mediante decretos los requisitos para acceder a estos artefactos, así como la cifra permitida por persona, al igual que las municiones.
   
La proliferación de estos aparatos llevó a un auge en los últimos años de la violencia en suelo brasileño que se extendió hasta los centros educativos. En noviembre del pasado año la sociedad quedó conmocionada ante los ataques contra dos escuelas del estado de Espíritu Santo, en el sureste del país, que dejaron cuatro muertos y 13 lesionados.
    
En respuesta a las inquietudes de la ciudadanía y en cumplimiento de una de sus promesas de la campaña electoral, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó en los últimos días  un decreto que pone fin a la flexibilización de la tenencia de armas de fuego impulsada por el ultraderechista Jair Bolsonaro.
  
Las nuevas normas recuperan restricciones y limitaciones para adquirir estos artefactos, y reduce su número en manos de civiles, entre ellos cazadores, tiradores y coleccionistas, una disposición que también se cumplirá para las municiones.
    
Asimismo pasa el control del Ejército a la Policía Federal y reduce de 10 a 3 años la validez de los registros de posesión de armas de fuego.
   
Las autoridades también preparan un programa de recompra voluntaria, para sacar el mayor número posible de circulación, una estrategia ya puesta en práctica durante el  primer mandato de Lula da Silva.
   
Cientos de miles de armas de fuego fueron sacadas de las calles en 2005, gracias a su "campaña de desarme" que, de acuerdo con estudios, impidió la muerte de casi seis mil brasileños.
     
El gobierno que preside Lula da Silva trabaja por un Brasil desarmado, más seguro  para todos sus ciudadanos, y donde los niños y jóvenes no estén en riesgo por el solo hecho de acudir a la escuela.