Desde que llegó en enero de 2019 al Palacio del Planalto, atacó repetidamente Bolsonaro en sus discursos
a las comunidades autóctonas de Brasil.

Por María Josefina Arce

Un reciente informe del Consejo Indigenista Misionero confirma las constantes violaciones de los derechos de los pueblos originarios bajo los cuatro años de mandato del hoy expresidente Jair Bolsonaro, cuando se registraron casi 800 homicidios de miembros de esas etnias en todo el país.
    
El documento precisa que se incrementaron, sobre todo en 2022, los conflictos territoriales. En ese año se reportaron 158 hechos violentos, unidos a 309 casos de explotación ilegal de recursos naturales, invasiones y daños a la propiedad indígena en 218 enclaves originarios de 25 estados del gigante suramericano.
    
Desde que llegó en enero de 2019 al Palacio del Planalto, atacó repetidamente Bolsonaro en sus discursos a las comunidades autóctonas de Brasil.
    
Encabezó los esfuerzos por desmantelar la ahora llamada Fundación Nacional de los Pueblos  Indígenas, la agencia que protege a los más de 300 pueblos originarios del país suramericano. De hecho en  una de sus primeras acciones le quitó una de sus principales actividades en los últimos 30 años: la identificación, delimitación y demarcación de las tierras.
   
Esta responsabilidad la trasladó al Ministerio de Agricultura, al frente del cual nombró a Tereza Cristina Correa, defensora del agronegocio.
   
Durante el gobierno del ultraderechista ex capitán del ejército no solo se dejó de delimitar las tierras indígenas, sino que incluso, se presionó para abrir las reservas a las empresas mineras.
    
La llegada de la COVID 19 trajo una nueva amenaza para la supervivencia de esos pueblos. La invasión de sus territorios, alentada por el mandatario, significó la  entrada del virus en sus comunidades, a las que las autoridades no prestaron la asistencia sanitaria requerida.
   
A su suerte dejó el gobierno a estos pueblos, a los que nunca, denunciaron organizaciones de derechos humanos,  se incluyó en los planes nacionales para enfrentar la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.
   
Fue tal el abandono y ataques contra estas etnias que, en 2021 la Articulación de Pueblos indígenas de Brasil presentó ante la Corte Penal internacional una denuncia contra Bolsonaro por genocidio y ecocidio.
    
Dos años antes un grupo de abogados brasileños, de derechos humanos y ex ministros habían presentado también ante ese tribunal de justicia, con sede en La Haya, una querella por crímenes de lesa humanidad e incitación al genocidio.
   
Desnutrición, muertes por enfermedades prevenibles y la invasión de sus tierras sufrieron los indígenas brasileños durante la administración de Bolsonaro. Todavía están frescas en la memoria las imágenes de niños yanomamis desnutridos, una etnia inmersa en una crisis humanitaria.