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Por María Josefina Arce

Brasil dio un paso importante en la defensa de las prerrogativas de los pueblos indígenas. En un fallo histórico el  Supremo Tribunal Federal reafirmó el derecho constitucional de estas comunidades a hacer uso de las tierras que han ocupado histórica y tradicionalmente.
  
Con nueve votos a favor y dos en contra, la máxima corte del gigante suramericano rechazó los intentos del sector agropecuario de impedir a estas comunidades reclamar sus  tierras que no habitaban en 1988, cuando se aprobó la Constitución.
    
La decisión debe ser respetada por todos los tribunales del país, por lo que los propietarios de tierras o los ocupantes ilegales no indígenas no podrán utilizar el llamado marco temporal para cuestionar ante la justicia las demarcaciones.
   
Esta maniobra del agronegocio pretendía legalizar el robo por la fuerza de grandes extensiones de territorios de estos pueblos.
    
La tesis dejaba convenientemente de lado que este sector poblacional ha sido durante décadas expulsado de sus ancestrales regiones, especialmente durante la dictadura militar, imperante en el país de 1964 a 1985.
    
Desde 2021 el Supremo Tribunal Federal juzgaba el llamado marco temporal, criticado por organizaciones indígenas, de derechos humanos y ambientalistas.
   
Francisco Cali Tzay, investigador especial de la ONU de derechos de los pueblos indígenas, había exhortado a la máxima corte brasileña a proteger las tierras originarias.
   
Los votos en contra fueron de los dos jueces que nombró el anterior presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien durante su mandato se negó a demarcar ni un solo centímetro de nuevas tierras para los nativos.
    
Bolsonaro por demás, incentivó la minería ilegal en las áreas indígenas, pilares de la prevención de la deforestación y de la conservación de la biodiversidad.
  
Al llegar a la presidencia en enero de este año Lula da Silva retomó el proceso de demarcación, en una acción de justicia y reparación histórica a estas comunidades, víctimas de genocidio y de la pérdida de la mayor parte de sus territorios.
   
Los pueblos indígenas obtuvieron una gran victoria. Sin embargo, el peligro todavía está latente. El sector agropecuario ha buscado otra vía para garantizar sus intereses, en detrimento de los pueblos originarios y de la vida en general.
    
En el  Senado se debate un proyecto de ley al respecto, que debe ser votado en los próximos días y que ya fue sancionado en la Cámara de Diputados. Ojalá el fallo del Supremo Tribunal Federal llame a la cordura y se ponga en primer lugar el respeto a los derechos de los pueblos originarios.