El contrato entre el Gobierno y la empresa Minera Panamá fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017.

Por María Josefina Arce

Los panameños están en las calles. Protestan contra un nuevo acuerdo minero suscrito entre el gobierno y la empresa Minera Panamá, que califican de lesivo para la soberanía del país, la biodiversidad y la salud de los ciudadanos.

Este nuevo acuerdo con la filial de la transnacional canadiense First Quantum sustituye al suscrito en 1997 y que fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema de justicia en 2017, casi nueve años después de que fuera presentado un recurso por el Centro de Incidencia Ambiental.
   
El actual permite a la empresa operar la mina en la provincia caribeña de Colón  por 20 años, con la posibilidad de una prórroga por otros 20 años.
   
El convenio fue aprobado en tiempo récord a fines de la semana pasada en el tercer y último debate de la  Asamblea Nacional, en medio de protestas, y avalado horas después  por el presidente panameño, Laurentino Cortizo.
   
El acuerdo, al que ante cuestionamientos se le hicieron algunos cambios, calificados de puro maquillaje por diversos sectores, permitirá la explotación de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, con las consabidas afectaciones a la población y el entorno.
  
Se ha comprobado que esta técnica minera, que viene implementandose desde hace décadas, tiene consecuencias desastrosas. Se contaminan aguas, aire y suelos, lo que provoca pérdida de la biodiversidad y enfermedades entre las poblaciones aledañas.
   
Estudios han revelado graves problemas dermatológicos, daños en la vista, malformaciones congénitas, abortos y altos niveles de metales pesados en la sangre de las personas que residen en la cercanía de los yacimientos mineros.
   
Se señala además, que con este acuerdo se viola el Tratado de Escazú, que fuera ratificado por el país en 2020 y que busca que toda persona pueda gozar del derecho a un ambiente sano y al desarrollo sostenible.
    
Este Tratado igualmente aboga por la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales, aspecto que, subrayan diversas organizaciones, no se tomó en cuenta, pues se obviaron las opiniones de importantes sectores de la sociedad.
     
En las últimas horas se han recrudecido las protestas. Los panameños rechazan un contrato minero que apuntan permite el saqueo de los recursos naturales del país e incluso,  piden un referendo para someter a votación la política en ese sector.