Los manifestantes esperan se apruebe un artículo que dejaría sin efecto el contrato suscrito entre el Gobierno y Minera Panamá.
(Imagen de archivo/RHC)

Por María Josefina Arce

Con nuevos cierres de calles y un paro nacional de 24 horas, se inició la quinta semana de las intensas protestas en Panamá en rechazo a la ley 406, que dio luz verde a un contrato minero entre el gobierno del presidente Laurentino Cortizo y la empresa Minera Panamá, considerado lesivo para la soberanía nacional.
   
El paro, convocado por organizaciones sindicales, es el segundo que se cumple en el país istmeño en los últimos días. Una medida similar tuvo lugar el pasado 16 de noviembre.
   
Más de mil personas han sido detenidas durante las multitudinarias manifestaciones iniciadas a finales del pasado mes de octubre, y que constituyen las mayores en las tres últimas décadas en territorio panameño.
    
Las protestas estallaron luego de que en menos de una semana y sin suficiente consulta ciudadana, el gobierno y el Congreso presentaron, aprobaron e hicieron entrar en vigor el contrato elevado a ley que ampara el accionar de Minera Panamá, filial de la transnacional canadiense First Quantum.
    
El convenio extendió por 20 años prorrogables la concesión a la empresa, que opera la mayor mina de Centroamérica, de la que extrae cobre, oro, plata y molibdeno, un mineral de amplio uso.
     
Este yacimiento está enclavado en el Corredor Biológico Mesoamericano, una franja de bosques que atraviesa Centroamérica y que, de acuerdo con los expertos, es vital para la vida silvestre.
    
El conflicto en torno a este convenio no es nuevo. En 2017 la Corte Suprema de justicia había declarado inconstitucional el acuerdo original por no haberse sometido a licitación pública. El fallo entró en vigor cuatro años después.
    
El gobierno de Laurentino Cortizo entonces, mantuvo durante varios meses negociaciones con la minera para un nuevo contrato, que desde su primer proyecto no contó con el apoyo de los panameños. Ante la creciente polémica, se retiraron algunos artículos, pero se mantuvo la poca capacidad de fiscalización ambiental de las operaciones en la mina.
   
En la Corte Suprema de Justicia se han radicado al menos diez demandas relacionadas con la inconstitucionalidad del contrato Ley 406. El órgano judicial entrará en sesión permanente este jueves para tomar una decisión sobre el futuro del convenio.
    
Mientras las protestas no se detienen. Los panameños no quieren un acuerdo que puede causar graves afectaciones ambientales y a la salud de las poblaciones cercanas a la mina.