A Boluarte le atribuyen la responsabilidad por la dura represión a las manifestaciones de hace
un año, con el saldo de más de 50 personas muertas. Foto: LaRepublica.pe
Por Roberto Morejón (RHC)
La presidenta peruana designada, Dina Boluarte recordará amargamente el primer aniversario en el poder, tras la fulminante destitución del entonces primer mandatario Pedro Castillo, al asociarse manifestaciones en las calles con el estallido de ira por la liberación de Alberto Fujimori, en medio de la recesión económica.
Grupos civiles, sindicatos, organizaciones de izquierda y estudiantes se lanzaron a las calles al grito de que se vayan todos, en alusión a la jefa de Estado y al Congreso, acusado de corrupto.
Para muchos no se ha vuelto a reeditar la magnitud de las explosivas demostraciones de finales de 2022 y principios de 2023, debido a que el Gobierno elevó las penas contra las personas que cierran vías y atentan contra instalaciones públicas y privadas.
La popularidad de Boluarte ha caído a menos de un dígito ante el empuje de un arco opositor que también nuclea comunidades indígenas.
A la presidenta designada le atribuyen la responsabilidad por la dura represión a las manifestaciones de hace un año, con el saldo de más de 50 personas muertas, sin que nadie haya sido acusado por la autoría.
Boluarte sigue atada a la derecha y en contubernio con el Congreso, dominado por los conservadores, y solo cuenta con el respaldo de la élite empresarial.
En su contra se alza una disputa con la Procuraduría General, a cargo de Patricia Benavides, suspendida por una investigación criminal, al cabo de lo cual emplazó a la primera mandataria por su implicación en los actos represivos.
El torbellino político ganó espesor cuando el Tribunal Constitucional ordenó liberar al exdictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
Los detractores del fujimorismo increpan al tribunal porque desoyó instrucciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no excarcelar al ex gobernante de 85 años.
Mientras, los familiares de las víctimas bajo el régimen de Fujimori exigen justicia, Perú afronta una recesión, tras la contracción por cinco meses consecutivos, desplome de la inversión privada durante cuatro trimestres y declive del empleo.
Boluarte está sentada sobre un volcán, aunque ella confía en que la derecha no la abandone.
Pero ello no significa que pueda evitar nuevas presiones de la sociedad en las calles, dado el descrédito de un Estado considerado en franca incapacidad moral.
