Consulta Popular en Ecuador

por María Josefina Arce

Con más de 7 mil asesinatos, Ecuador concluyó el 2023 como el país más violento de América Latina. En este contexto la propuesta del presidente Daniel Noboa es una  consulta popular sobre seguridad, que  para la gran mayoría es inútil y no resolverá el creciente problema de inseguridad.

Organizaciones sociales, incluso  aliados políticos del gobierno y opositores cuestionan la  realización de un referendo por el  innecesario derroche de recursos cuando la nación atraviesa por una difícil situación económica.

En opinión de muchos los 60 millones de dólares que se usarían  para efectuar la consulta deberían ser empleados en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos del país, donde la pobreza alcanza a 27% de la población y la pobreza extrema a casi 11%.  

Así lo manifestaron integrantes  de la Unión Nacional de Educadores de Ecuador, quienes subrayaron que esos recursos tendrían una mejor utilización en programas dirigidos a los niños y jóvenes para evitar que ante las difíciles circunstancias familiares sean reclutados por grupos criminales.

En la actualidad más de 200 mil menores permanecen fuera de las aulas, muchos de ellos para ayudar económicamente a sus familias y otros ante la falta de recursos.

Expertos, incluidos de la ONU, han insistido en que la violencia e inseguridad que asolan a Ecuador tienen una de sus raíces más profundas en la pobreza.

Por demás, se ha señalado que varios de los temas que se plantearían en la consulta ya están siendo debatidos por la Asamblea Nacional. Al respecto el movimiento político Revolución Ciudadana detalló que el nuevo Legislativo, que asumió en noviembre pasado, está tratando reformas al Código Orgánico Integral Penal.

De acuerdo con las 11 preguntas propuestas por el gobierno, la consulta en esencia,  busca la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, endurecer las penas para los criminales e impulsar los casinos o salas de juego como actividad económica.

Precisamente la interrogante sobre la activación de los casinos y casas de apuestas ha despertado gran preocupación en la ciudadanía, por ser lugares idóneos, como han señalado muchos, para el lavado de dinero del crimen organizado.

La Corte Constitucional evalúa las preguntas y de validarlas se llamará a la consulta popular, que ha sido acogida fríamente y con numerosas críticas por la ciudadanía, que ya en febrero de 2023 rechazó en las urnas las ocho preguntas impulsadas por el entonces presidente Guillermo Lasso referidas a seguridad, institucionalidad, representación política y ambiente.