Corte Penal Internacional

por Guillermo Alvarado

Comenzó en ciudad de La Haya, Países Bajos, el proceso iniciado por Sudáfrica ante la Corte Penal Internacional, CPI, contra el Estado de Israel, al cual acusa por el delito de genocidio en curso contra la población civil palestina en la Franja de Gaza.

El ministro sudafricano de Justicia, Ronald Lamola, señaló que ningún ataque armado en el territorio de un país, por muy grave que sea, como el perpetrado por la organización Hamás el 7 de octubre en suelo israelí, justifica que se vulnere la Convención para la Prevención de Genocidios.

En aquella ocasión el grupo islamista incursionó en varios poblados y causó la muerte a cerca de mil 400 personas, la mayoría civiles, y tomó una gran cantidad de rehenes.

La gravedad de estos hechos, sin embargo, no son razón para ignorar la desmesurada respuesta de Tel Aviv que, de manera abierta realiza una limpieza étnica en Gaza que ya mató a más de 23 mil personas, la gran mayoría de ellas mujeres, niños o ancianos.

Es una mentira que las acciones sionistas vayan dirigidas exclusivamente a destruir objetivos de Hamas, como se puede constatar en la práctica.

Resulta una cruel paradoja que la Convención para la Prevención de Genocidios se firmó después de la II Guerra Mundial ante el horror por la barbarie del régimen nazi alemán contra el pueblo judío,  y que ahora los sionistas repiten tomando como blanco a los palestinos.

La acción jurídica internacional iniciada por Sudáfrica ya recibió el apoyo de varias naciones, entre ellas Colombia, Brasil y Bolivia y recientemente unos 100 abogados chilenos presentaron ante la CPI una denuncia formal contra Benjamín Netanyahu por el crimen de genocidio.

Como es habitual, Tel Aviv inició una campaña para hacerse la víctima y no el ejecutor de estas atrocidades, donde se incluyen ataques e insultos a Sudáfrica por esta valiente decisión que debería ser apoyada con más fuerza por la comunidad internacional, demasiado lenta en reaccionar.

El argumento más socorrido del régimen sionista y su protector incondicional, Estados Unidos, es el supuesto “derecho a la defensa”, una posición que no resiste el menor análisis jurídico ante las atrocidades vistas en Gaza, donde se bombardeó intencionalmente escuelas, viviendas y hospitales.

Hay más de un millón de seres humanos en inminente peligro de muerte por enfermedades y hambre y los pocos que tengan la ¿suerte? de sobrevivir ya fueron sentenciados a la expulsión de su tierra y lo que fue su hogar, que serán entregados a colonos de la potencia ocupante. Ojalá la justicia no vacile.