Bernardo Arévalo. (Imagen de archivo/RHC)

Por Roberto Morejón

El presidente electo de Guatemala, afrontó un período agitado desde su triunfo electoral en 2023 hasta la toma de posesión.
 
La investidura del candidato del Movimiento Semilla acontece luego de un proceso signado por los intentos de la Fiscalía de alterar el balance de los comicios, en contubernio con las élites políticas, oligarquía, partidos y exponentes de la derecha.
 
Muchos de ellos vieron en Arévalo, calificado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como “un hombre serio, responsable y progresista”, un potencial peligro para sus intereses, en tanto afirma que luchará contra la corrupción.
 
Los detractores de Arévalo se alinean tras la fiscal general Consuelo Porras, quien ha sido señalada por el primer mandatario electo por ser la punta de lanza de un golpe de estado gradual.
 
En efecto, el Ministerio Público de Guatemala ha intentado evitar la investidura del candidato triunfante en las urnas y para lograrlo solicitó en dos ocasiones el retiro de su inmunidad.
 
Alega la Fiscalía que Arévalo tenía responsabilidad en unas protestas en la Universidad de San Carlos y en supuestas irregularidades en la formación del Movimiento Semilla, todo lo cual ha sido rechazado por el hijo del primer presidente de Guatemala elegido democráticamente, Juan José Arévalo.
 
Precisamente, los políticos y funcionarios que se han escudado en la utilización de la ley como arma política, confiaron en la fiscal general para impedir la llegada al poder de un gobernante alejado de las reglas de juego al uso.
 
Desde el otro lado, una pujante comunidad indígena y sectores sociales apuestan por Arévalo.
 
Esperan la mejora de las condiciones de vida y que la gobernabilidad sea clave en la venidera administración, de ahí que sobre todo indígenas y colaboradores cortaran vías y se concentraran en protesta por los manejos del Ministerio Público.
 
En ese escenario de tensión se desenvolvió el Jefe de Estado electo, aunque cuenta a su favor con el apoyo de gran parte de la comunidad internacional y hasta de Estados Unidos.
 
Sin dudas, no hay un futuro cómodo para las nuevas autoridades, sobre todo cuando necesita para la aprobación de sus proyectos de un Congreso de mayoría opositora y el Ministerio Público sigue amenazante.
 
Tampoco los que depositaron la confianza en Arévalo parecen tener mucha paciencia y aguardan expectantes por decisiones que atenúen la añeja exclusión social.