Petroleo en Parque Nacional Yasuní

por María Josefina Arce

Las declaraciones del presidente Daniel Noboa sobre la posibilidad de proclamar una moratoria, de al menos un año, al cierre del campo petrolero ubicado en el amazónico Parque Nacional Yasuní ha provocado un inmediato rechazo de las comunidades indígenas y activistas ambientales de Ecuador.

De ponerse en marcha esa medida, justificada por Noboa para obtener recursos para el enfrentamiento a la alta inseguridad en el país, estaría ignorando el presidente el resultado del referendo popular del pasado 20 de agosto, cuando la ciudadanía estuvo a favor de dejar bajo tierra el petróleo existente en esa área.

Sesenta por ciento de los ecuatorianos que participaron en la histórica consulta se pronunciaron a favor de suspender la extracción del hidrocarburo en Yasuní, considerado uno de los espacios con mayor biodiversidad del planeta.

Diez años duró la batalla para lograr que fueran los ciudadanos quienes decidieran si se debía llevar adelante la explotación petrolera en esa zona, designada Reserva de la Biosfera en 1989 por la UNESCO, Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Finalmente en mayo de 2023 la Corte Constitucional se pronunció a favor de la consulta, realizada junto a las elecciones generales anticipadas, tras la declaración de muerte cruzada por el entonces mandatario Guillermo Lasso.

De acuerdo con lo estipulado, con la victoria del si el gobierno ecuatoriano no puede firmar más contratos de extracción, además de contar con un año para el retiro progresivo de la infraestructura petrolera en Yasuní.

Ahora las declaraciones de Noboa han encendido las alarmas. Representantes de agrupaciones indígenas, ambientalistas y de derechos humanos han advertido que si Noboa no respeta la voluntad popular podrían impulsar un mecanismo de destitución del presidente.

Pedro Bermeo, líder del colectivo Yasunidos, que impulsó la consulta, afirmó que el incumplimiento del resultado atentaría contra una decisión democrática, y acarrearía responsabilidades administrativas, penales y civiles.

Por su parte, Leónidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, señaló que la aplicación de una moratoria no es posible jurídicamente, pues ya existe una votación popular.

El Frente Unitario de Trabajadores recordó que el presidente durante su campaña electoral se pronunció a favor del fin de las operaciones petroleras en Yasuní.

Para muchos es  vital la preservación del Yasuni, donde se localizan 600 especies de aves y 3 mil de plantas, pero además donde habita una población indígena en aislamiento voluntario y que también necesita ser protegida.