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Por Roberto Morejón

En una sociedad consumista como la puertorriqueña, bajo la influencia de Estados Unidos, gana terreno el ejercicio de la violencia.

Los exabruptos se ven en el cine, muchos realzan las armas como parte de la supervivencia y el mercado del narcotráfico trae aparejado la utilización de métodos extremos.

De ahí que expertos señalen la violencia creciente en Puerto Rico como un problema estructural, capaz de generar consternación, por lo que abogan por un mayor examen de las causas del problema y aplicar correctivos.

El profesor Víctor García Toro admite la existencia en la isla de políticas dirigidas a mitigar el crimen y el terror, pero en su criterio son desacertadas, pues tratan de capear los hechos alarmantes sin desentrañar las circunstancias sociales.

Entrevistado por el semanario Claridad, habla de círculo vicioso y señala las dificultades de acceso a una buena educación y viviendas, deficiencias del Estado y de las estructuras de las élites políticas y económicas.

El doctor Rey Hernández, también pedagogo, recordó que más de 52 por ciento de los menores de 18 años en Borínquen vive bajo los niveles de pobreza.   

El docente menciona la falta de oportunidad, de un sistema alimentario adecuado, de acceso a la cultura y al bienestar y menciona lo que define como narcoeconomía manipulada por adultos en una sociedad que vive de manera muy materialista.

A la par de las precisiones de los entendidos, saltan a la palestra pública estadísticas sombrías, pues Puerto Rico vive un nivel de beligerancia, con casi 500 muertes en situaciones extremas anualmente.

El gobernador Pedro Pierluisi, del anexionista Partido Nuevo Progresista, admitió que la mayor incidencia de tiroteos y asesinatos en la isla de 3,2 millones de habitantes está en relación con la circulación ilegal de armas, provenientes de Estados Unidos.

El Estado que no es independiente ni un territorio federal contempla inerme el aumento de los feminicidios, al punto de que el gobernador se vio obligado a dictar una orden para declarar emergencia por violencia de género.

Durante 2020, cuarenta y cinco mujeres fueron asesinadas en Puerto Rico en apremios machistas y entre enero y agosto de 2023 la policía reportó 27 de esos delitos.

Los efectos de la violencia están planteados, pero con la exacerbación en la crónica roja será imposible ponerles coto.