Imagen ilustrativa tomada de youtube
Por Roberto Morejón
La reciente renuncia del jefe de gobierno peruano y su obligada sustitución son nuevos capítulos de la acentuada crisis política, fenómeno sin fin a la vista.
El primer ministro Alberto Otárola dimitió tras la difusión de un audio sobre una conversación con una compañera sentimental, a quien habría beneficiado con un contrato laboral de forma irregular.
El escándalo arroja más ingredientes al rechazo popular hacia una clase política con frecuencia ligada a la corrupción y proclive a los manejos en el Congreso a favor de los intereses de partidos derechistas.
Otárola es considerado la mano derecha de la presidenta designada Dina Boluarte, quien asumió el poder después de que el Congreso apartó bruscamente al entonces primer mandatario Pedro Castillo, a quien acusó de asestar un autogolpe.
Boluarte y Otárola son imputados por tener papeles clave en la represión a las protestas posteriores a la deposición de Castillo, con el saldo de 49 muertos.
La caída de Otárola y su sustitución por el embajador en la OEA, Gustavo Adrianzén, ocurre en momentos de convulsión política, pues el ex dictador Alberto Fujimori hizo sus primeras declaraciones desde su liberación por un controvertido indulto.
El anciano que gobernó con mano dura el país sudamericano entre 1990 y 2000 provocó a sus compatriotas al opinar sobre lo que llama vigencia política del fujimorismo.
Mientras parte de la sociedad exige que Fujimori cumpla la totalidad de su condena en la cárcel, los dardos también se lanzan contra Otárola y el Congreso.
El dimitido primer ministro mantuvo excelentes vínculos con el legislativo, controlado por la derecha y los ultraconservadores, entre ellos los seguidores de Fujimori.
No por casualidad, el Congreso, el poder judicial, la presidenta designada Dina Boluarte y la clase política en general son notablemente impopulares entre los peruanos.
Los aludidos no parecen dispuestos a cambiar el rumbo aun cuando diriman periódicos enfrentamientos, pues al final llegan a la misma conclusión: mantener a toda costa el control del país.
El nuevo primer ministro enfila hacia la continuidad y nada indica un intento por recuperar la imagen de las instituciones, golpeadas por los hechos de corrupción que involucraron a cuatro jefes de Estado.
Perú ha tenido seis presidentes desde 2018 y los ministros duran poco en sus puestos, suficiente como para que los políticos borren de su agenda asuntos medulares como la informalidad laboral y la pobreza.
