Hospital indígena en Boa Vista, una de las acciones palpables del gobierno de Lula.
Foto: G1-Globo
Por María Josefina Arce (RHC)
Las imágenes recorrieron el mundo el pasado año y conmocionaron a la sociedad brasileña y la comunidad internacional. El pueblo yanomami moría lentamente. La grave situación alimentaria y sanitaria ya había provocado numerosos fallecimientos, sobre todo en la población infantil, en la mayor etnia indígena de Brasil.
Cerca de 600 niños menores de cinco años murieron por causas evitables en los cuatro años de mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien dejó a su suerte a esa comunidad e incentivó la minería ilegal que llevó a una tragedia humanitaria.
Los yanomami libraron una fuerte batalla por su supervivencia. Los buscadores ilegales de oro no solo asesinaron a miembros de esa etnia, sino que su actividad destruyó parte de su territorio y contaminó los ríos con mercurio.
Y todavía fresca en la memoria de muchos las imágenes que mostraron al mundo el genocidio cometido contra ese pueblo, un estudio mostró que cerca del 99 por ciento (%) de los habitantes de nueve aldeas yanomami en la Amazonía brasileña presentan altos índices de contaminación por mercurio.
Desarrollada por la estatal Fundación Oswaldo Cruz, la investigación reveló que en 84% de las muestras se detectaron niveles de contaminación de ese metal tóxico superiores a dos microgramos, el doble de la tasa considerada como crítica por la Organización Mundial de la Salud.
El estudio, cuyos resultados fueron dados a conocer en los últimos días, precisó que el mayor índice de contaminación por mercurio se encontró en las aldeas más próximas a áreas de minería ilegal.
La precaria situación de esa comunidad indígena, que se extiende por los estados brasileños de Roraima y Amazonas, desencadenó una inmediata respuesta del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, poco después de haber asumido la presidencia.
Las autoridades abrieron una investigación por genocidio, enviaron alimentos y personal de salud y emprendieron la expulsión de unos 20 mil mineros ilegales.
Un año después, la situación continuaba siendo compleja en el territorio yanomami. De ahí que el gobierno anunciara, en enero pasado, un presupuesto excepcional de unos 240 millones de dólares para la protección de esa comunidad, que será permanente.
Un mes después quedó constituida en Roraima, la Casa de Gobierno, un órgano federal cuyo objetivo es coordinar las acciones para enfrentar la crisis y que comprende, entre otras, la construcción de un hospital indígena en Boa Vista, para servicios de atención especializada de media y alta complejidad.
El mandatario brasileño ha enfatizado que el tema indígena y la problemática del pueblo yanomami es un asunto de Estado, y así lo evidencian las acciones desarrolladas en los últimos meses por el gobierno que preside.
