Imagen de archivo/RHC
Por Roberto Morejón
El hurto en Estados Unidos de una empresa filial de la estatal venezolana PDVSA mediante una subasta a la que se abalanzan ejecutivos de corporaciones, amenaza con privar al país sudamericano de uno de sus más importantes bienes en el exterior.
El Tribunal de distrito del estado norteamericano de Delaware aceptó ofertas para subastar la empresa CITGO, una compañía de refinación de petróleo y comercialización de gasolina valorada en 21 mil millones de dólares.
La empresa fue adquirida por el Estado venezolano en 1990, hasta que la opositora Asamblea Nacional de 2015 ordenó escindirla de la petrolera estatal PDVSA en 2019.
De esta forma la extrema derecha venezolana entregaba uno de los bienes más cotizados de la industria del crudo, hasta que el expresidente Donald Trump la confiscó y más tarde el enclave pasó a administrarse por cabecillas opositores, entre ellos el presidente fantasma, Juan Guaidó.
Citgo es blanco desde hace meses de un proceso de venta, autorizado por una corte de Delaware, con el pretexto de atender demandas de acreedores del estado venezolano.
El tribunal denegó los argumentos del gobierno de Nicolás Maduro, a quien Washington no reconoce, para recuperar la entidad venezolana, el sexto mayor complejo refinador de hidrocarburos en Estados Unidos.
Nuestros bienes los venden sin pedirnos autorización o consultas, exclamó conmovido el ministro venezolano de Petróleo, Pedro Tellechea, opinión extendida en la población.
El gobierno venezolano puntualizó que no reconocerá lo que llamó venta forzosa, al no cumplirse garantías económicas, el adecuado proceso y negársele la defensa.
La puja en Delaware, mantenida en secreto para no afectar a la oposición venezolana de cara a las elecciones del 28 de julio, se erige en otra evidencia de hasta dónde ha llegado el sector más recalcitrante de quienes buscan regresar al país a las redes de Washington.
La proyectada venta obligada de CITGO, envuelta en un ropaje supuestamente judicial, se inscribe en las agresiones de la potencia del Norte contra la Revolución Bolivariana que contemplan la asfixia económica.
El acto de rapiña debe llevar a la reflexión a Estados y empresarios que asientan sus negocios en la nación norteña y que pueden exponerse a procedimientos violatorios del Derecho Internacional.
