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Por Roberto Morejón

Con valentía y el anuncio de las fuerzas sociales de que se opondrían a una asonada, el gobierno boliviano, bajo la conducción del presidente Luis Arce, logró sofocar el intento de golpe del ahora ex jefe del ejército, Juan José Zúñiga.

Bolivia ha conseguido frenar el regreso de los cuartelazos, de los que el país ha sido víctima en su historia, y cuyo último capítulo se concretó en 2019, al confabularse la derecha con sectores militares y encumbrar como presidenta, biblia en mano, a la oportunista Jeanine Áñez, hoy en la cárcel.

En aquel momento se enfilaron contra el entonces presidente Evo Morales, con el contubernio de la OEA y empresarios ultraderechistas como Luis Fernando Camacho, hoy tras las rejas, porque además promovió posteriormente el separatismo, huelgas y bloqueos de vías.  

No por casualidad, el comandante del ejército Juan José Zúñiga, quien habría cooperado en el golpe contra Evo, lanzó este miércoles una arenga incendiaria durante las pocas horas en las que se creyó con el control de la situación, para luego derribar, alevosamente, las puertas del Palacio Quemado.

Significativamente, el uniformado clamó por la liberación de quienes llamó “presos políticos”, Áñez y Camacho, lo que lo retrató en sus reales objetivos, llevar al país a los más lóbregos días de la represión y del hundimiento de la economía.

La fecha del golpe militar no fue casual. Se produjo precisamente un día después de la destitución de Zúñiga, un cese que se vio acelerado tras haber asegurado que las Fuerzas Armadas no permitirían que el expresidente Evo Morales pudiera presentarse a las elecciones de 2025.

Al parecer el complotado no contó con la rápida reacción de gran parte de los gobiernos de América Latina y de otras regiones del mundo.

Esos pronunciamientos y la oportuna decisión de Arce de designar a nuevos titulares de los diferentes cuerpos armados, contribuyeron a que los tenebrosos planes del insubordinado culminaran en un fracaso.

Sus declaraciones desesperadas al momento de ser detenido, al hablar de lo que llamó autogolpe de Arce, revelan sus intentos de aprovechar el desconcierto para arrojar la incertidumbre sobre el gobierno constitucional, electo por la mayoría de los bolivianos.  

Por supuesto, las autoridades bolivianas tratarán de investigar los entretelones de la peligrosa aventura, ante la que, singularmente, Estados Unidos no emitió inicialmente una condena y se limitó a llamar a la calma.

Y lo hizo a sabiendas de la importancia de instar a preservar la estabilidad institucional en Bolivia.