Familiares de las víctimas piden justicia
por María Josefina Arce
Los peruanos todavía aguardan porque se haga justicia, casi dos años después de que 49 ciudadanos murieran y más de mil resultaran lesionados en las multitudinarias protestas que tuvieron lugar en el país, y que fueron violentamente reprimidas por el ejército y la policía.
Informes de organizaciones de derechos humanos señalan que los agentes de seguridad hicieron un uso desmedido de la fuerza contra los peruanos que salieron a las calles entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, tras el golpe parlamentario contra el presidente electo en las urnas Pedro Castillo.
La ONU afirmó igualmente que Perú recurrió a un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes, que exigían la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales a 2023 y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
La Fiscalía abrió una investigación contra Boluarte por genocidio, lesiones y homicidio. Sin embargo, en julio pasado determinó archivar la causa por genocidio contra la mandataria, a la que los familiares de las víctimas señalan como responsable de las masacres ocurridas en las regiones de Puno, Junín y Ayacucho, en el sur de la nación andina y de mayoría indígena.
Aunque siguen las investigaciones sobre los otros dos delitos todo marcha bien lento y hasta el momento no se han dado resultados. El Congreso, de mayoría derechista, también se ha puesto al lado de la presidenta, quien además, es objeto de pesquisas por enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos.
En julio último la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del órgano legislativo rechazó procesar la denuncia contra Boluarte por las muertes en las protestas de 2022 y 2023.
La decisión tuvo lugar 24 horas después de que un informe de una organización de derechos humanos señalara que la gobernante sabía lo que estaba pasando y no hizo lo suficiente para detener el uso desmedido de la fuerza contra los manifestantes.
Ante la demora injustificada de las investigaciones y el riesgo de impunidad, ciudadanos peruanos presentaron una denuncia penal contra Boluarte ante la Corte Penal Internacional de La Haya.
Esta nueva denuncia se suma a la interpuesta en junio pasado por la Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Asociación Pro-Derechos Humanos, bajo el argumento de que existen bases razonables para asumir que el ejército y la policía, con el conocimiento de altas autoridades del gobierno, ejecutaron un ataque sistemático en contra de la población civil, lo que, enfatizaron, es un crimen de lesa humanidad.
La realidad es que todavía los familiares de las víctimas esperan porque se haga justicia y se adopten medidas contra los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos de los peruanos.
