Guatemala en proceso de elección de los candidatos a integrar la Corte Suprema de justicia. Imagen: Captura de pantalla

por María Josefina Arce

Guatemala se encuentra inmersa en un proceso que debería  llevar a una depuración de su sistema judicial, que desde hace décadas ha respondido a los intereses  de la élite política y económica del país centroamericano, pero que lamentablemente ya ha despertado controversias y suspicacias.

En junio pasado se inició  la elección de los candidatos a integrar la Corte Suprema de justicia y de las 46 Salas de Cortes de Apelación, que debe concluir en octubre próximo con la presentación al Congreso de  la lista  para que elijan a los miembros de esos órganos judiciales.

Sin embargo, ya se escuchan bastantes  cuestionamientos a la marcha del proceso, como la aprobación por las Comisiones de Postulación de varios artículos del reglamento interno, que restan credibilidad,  como que los señalamientos o denuncias contra los aspirantes deben tener sentencia firme.

Los analistas estiman que esto permitirá que aunque haya un proceso en marcha en contra de uno de los aspirantes esto no será un impedimento, pues aún no existe una sentencia.

También se ha señalado que la demora en 20 días del inicio del trabajo de las Comisiones de Postulación, por no ponerse de acuerdo para elegir su sede, fue una maniobra para perder tiempo y que ha afectado todo el proceso, del cual se eliminaron por ejemplo, las entrevistas a los aspirantes.

Diversos sectores de la sociedad  han demandado que jueces, fiscales y abogados señalados de actos de corrupción no sean elegidos para esos altos cargos, como ha sido habitual.

Alejandro Córdova, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, exhortó a priorizar a juristas que no sólo posean un profundo conocimiento, sino además, demuestren una sólida integridad ética.

Muchas críticas ha generado la postulación del fiscal Rafael Curruchiche, quien es conocido por su persecución contra ex fiscales, periodistas y opositores al anterior gobierno, presidido por Alejandro Gianmattei.

Pero además, ha desarrollado toda una campaña contra el Movimiento Semilla, del actual mandatario guatemalteco, Bernardo Arévalo, contra el cual presentó en agosto último una nueva solicitud para retirarle la inmunidad.

No olvidemos que también pretendió anular los resultados de los comicios generales de agosto del año pasado, en los que Arévalo se alzó con la victoria con cerca de 60 % de los votos.

Durante décadas el proceso de elección de los miembros de la Corte Suprema y Cortes de Apelación ha estado viciado. Es así que solo en noviembre pasado y con 4 años de atraso fueron designados por el Congreso los nuevos magistrados que solo estarán un año en sus cargos.

Organizaciones sociales denunciaron en su momento que el Congreso no eligió a los reemplazantes, ya que los que estaban les garantizaban  inmunidad ante acusaciones de corrupción.

Guatemala sin dudas, vive desde hace décadas una crisis de su poder judicial, secuestrado por los intereses económicos y políticos de la élite de poder. La actual elección es vital, han subrayado los expertos, para el destino del gobierno de Arévalo, que sigue asediado por un sistema de justicia corrupto.