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Por María Josefina Arce

El Ministerio Público de Guatemala sigue con su acoso al gobierno de Bernardo Arévalo; una situación que se remonta al pasado año cuando sorpresivamente pasó a la segunda ronda de los comicios generales, ganó con cerca de 60% de los votos y finalmente asumió como presidente el 14 de enero pasado.

La institución, encabezada por la cuestionada Fiscal general Consuelo Porras, no ha dejado en todos estos meses de intentar socavar la gobernabilidad del país y la lucha anticorrupción anunciada por Arévalo.

Ahora en un nuevo capítulo de la campaña sucia contra Arévalo, se acaba de  suspender la personería jurídica del Movimiento Semilla, del mandatario guatemalteco, por supuestas irregularidades en su inscripción

El fallo fue emitido por el juez Freddy Orellana y acatado por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, que  fundamentó su decisión en un proceso judicial impulsado  por el fiscal Rafael Curruchiche en 2023, en el contexto electoral.

Llama la atención que la orden judicial llegó pocos días después de que el Congreso reformara la ley que permitía que un juez penal suspendiera a un partido político.

Se repiten los nombres ya conocidos por todos por llevar a cabo una persecución política contra el jefe de estado y su partido político, desde que comenzó la campaña para las elecciones presidenciales del pasado año.

Afín al entonces presidente Alejandro Gianmattei, acusado de corrupción, el Ministerio Público intentó por todos los medios mantener fuera de la carrera electoral a Arévalo y tras su triunfo, trató de anular los resultados e impedir su asunción.

Arévalo han solicitado en reiteradas ocasiones la renuncia de la Fiscal General  por incumplimiento  de deberes, una petición apoyada por buena parte de la sociedad guatemalteca.

Sin embargo, Porras se ha mantenido en su cargo y ha emprendido, sin éxito,  acciones legales para despojar al mandatario de su inmunidad por supuestos pagos indebidos.

Ante la nueva acción, el Movimiento Semilla ha presentado dos amparos para dejar sin efecto su suspensión ante el Tribunal Supremo Electoral, que debe emitir una resolución en un plazo no establecido.

Arévalo y su partido político han transitado por un difícil camino, ante los constantes ataques de una élite corrupta que ve con preocupación su compromiso de enfrentar ese flagelo  y el crimen organizado.