Por María Josefina Arce
Cuando Bernardo Arévalo asumió en enero pasado la presidencia de Guatemala, encontró un país sumamente desigual, donde la pobreza alcanzaba a más del 55% de su población, fundamentalmente la residente en las zonas rurales.
Y aunque estos meses de gobierno no han sido fáciles por la persecución política del Ministerio Público contra Arévalo y su partido Semilla, el mandatario junto a su ejecutivo ha ido conformando una estrategia para combatir ese flagelo.
Y entre sus prioridades ha puesto la atención a las condiciones de vida y trabajo del campesinado, un sector esencial para garantizar la canasta básica de las familias guatemaltecas, que afrontan serias dificultades ante el alza de los precios.
A lo largo de éstos meses el mandatario se ha reunido con productores para abordar las problemáticas de las comunidades rurales. En los encuentros se examinaron propuestas para el desarrollo local, la economía campesina y la situación agraria de la nación centroamericana.
Tras la aprobación en el Congreso de una ampliación presupuestaria, el gobierno anunció dos medidas que beneficiarán a los productores agrícolas y se traducirán en una disminución del costo de la vida.
Y en los últimos días en el municipio de Sololá, en el departamento del mismo nombre, se dio inicio a una de estas iniciativas, el Bono Campesino, que el gobierno extenderá a todas las comunidades rurales del país centroamericano.
El programa contempla la entrega de insumos, como fertilizantes, semillas y herramientas de labranza.
Con el Bono Productivo, otra de las iniciativas, se otorgarán créditos preferenciales a los campesinos para mejorar sus condiciones de trabajo.
Igualmente las autoridades iniciaron en julio pasado la entrega de un Bono único a familias guatemaltecas en situación de pobreza y pobreza extrema.
Las acciones del gobierno que preside Bernardo Arévalo muestran su compromiso con la lucha contra la pobreza y a favor de la seguridad alimentaria y bienestar de la población guatemalteca, aún en medio de un escenario adverso por la persecución política del Ministerio Público de Guatemala.
