Por María Josefina Arce

Desde el triunfo de la revolución, en enero de 1959, Cuba ha trabajado incansablemente por proteger a sus niños y jóvenes y  garantizar su desarrollo pleno, aún en las difíciles condiciones que durante más de seis décadas ha impuesto el bloqueo norteamericano.

De ahí que el país haya tenido como prioridad en todos estos años establecer una legislación, programas y proyectos que tributen a favor de estos segmentos poblacionales, importantes para el presente y futuro de la Patria.

En ese camino fue aprobada en julio del pasado año por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba la Política para la Atención Integral de la Niñez, la Adolescencia  y Juventudes, reflejo del interés del Estado de asegurar su desarrollo pleno.

Pero además, Cuba es Estado parte de la Convención de los Derechos del Niño y se ha adherido a instrumentos internacionales que protegen a este sector de la sociedad contra la venta, prostitución, pornografía infantil y  la trata.

Y con el propósito  de blindar aún más los derechos de estos grupos etarios se trabaja en un nuevo Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, sobre el que los diputados expresaron sus opiniones y sugerencias, durante las sesiones de las Comisiones de Trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, que antecedieron al plenario que transcurre en La Habana.

Los legisladores conocieron sobre cómo marcha la elaboración del texto, que de acuerdo con sus opiniones necesita una discusión más amplia, para no dejar fuera ningún aspecto importante.

Es bueno señalar que el anteproyecto ha contado con el necesario acompañamiento de expertos, investigadores y organizaciones de masas.

Pero además, y de gran significación es que se ha escuchado a niños y jóvenes, pues ha existido un diálogo constante  para conocer sus inquietudes y aspiraciones.

El documento también se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Educación, para que toda la sociedad tenga acceso a el y pueda contribuir a su enriquecimiento y perfeccionamiento.

Es un proceso que atañe a todos y que tiene como objetivo lograr un documento que propicie el desarrollo integral de niños y jóvenes y garantizar el ejercicio y respeto de sus derechos.

Es lograr, como señaló el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, un Código moderno, emancipador y enaltecedor.