por Guillermo Alvarado
Como una buena noticia fue recibida la información de que en Guatemala, tras largas décadas de impunidad, varios ex oficiales del ejército fueron detenidos la víspera por su participación en graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, que por 36 años ensangrentó al país centroamericano y dejó un saldo de unos 200 000 muertos y más de 45 000 desaparecidos.
Casi todos los capturados están vinculados con graves excesos perpetrados en la región norte de la nación, de manera particular en los departamentos de Alta y Baja Verapáz, donde la población civil indígena fue víctima de atrocidades como secuestros, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos y violaciones sexuales.
Poblados enteros, junto a sus habitantes, fueron borrados del mapa por los militares, en un proyecto destinado a eliminar el apoyo de las comunidades originarias a las fuerzas insurgentes que operaban en la región.
Uno de los detenidos es el general retirado Benedicto Lucas García, antiguo jefe del Estado Mayor castrense durante el gobierno de su hermano, Romeo, quien fue presidente entre 1978 y 1982, cuando fue depuesto por un golpe de Estado encabezado por el también general Efraín Ríos Montt.
Benedicto Lucas está considerado como el principal autor intelectual de los planes de exterminio masivo de indígenas pertenecientes a la etnia Keqchí, los que luego fueron perfeccionados y ejecutados a nivel nacional por Ríos Montt, que aún habiendo sido declarado senil, será sometido a un juicio especial por genocidio este mismo mes.
Informes paralelos de la ONU y la iglesia católica guatemalteca determinaron que el 93% de los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1960 y 1996 son responsabilidad del ejército y otras estructuras del Estado, pero hasta el momento ningún alto mando ha sido condenado por esos delitos.
De allí las justificadas esperanzas en que la histórica decisión de la fiscal general, Thelma Aldana, signifique el fin de una larga impunidad y la aplicación de la justicia como vía para cerrar las heridas del conflicto, que a casi 20 años de su final aún gravita sobre la sociedad.
Las capturas se lograron gracias al análisis de las osamentas de 558 hombres, mujeres, niños y ancianos descubiertas en un antiguo cuartel militar en la ciudad de Cobán, cabecera de Alta Verapáz, considerado como el epicentro del terror en esa región, y que demuestran la existencia de un genocidio cuidadosamente planificado a pesar de que algunas mentes trasnochadas insistan en negarlo.
Por el mismo caso, la fiscalía solicitó retirarle la inmunidad al ex militar y actual diputado Edgar Ovalle, un especialista en operaciones represivas que ahora es figura prominente del Frente de Convergencia Nacional, nada menos que el partido del presidente electo Jimmy Morales, quien asumirá su cargo el 14 de enero.
Han pasado más de 30 años desde que ocurrieron los crímenes por los que serán procesados los oficiales capturados, período durante el cual las víctimas o sus sobrevivientes jamás perdieron la esperanza de lograr justicia y una reparación adecuada para la memoria de sus familiares, algo hasta ahora esquivo en el denominado país de la eterna primavera.
