Por: Guillermo Alvarado

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP, dieron por superado un escollo reciente y anunciaron que retomarán lo más pronto posible en La Habana el diálogo para lograr la paz y finalizar el conflicto armado interno más prolongado en la historia de la región.

El diferendo surgió cuando algunos líderes rebeldes, entre ellos el jefe del equipo negociador, Ivan Márquez, visitaron varios campamentos guerrilleros para dar a conocer pormenores del proceso de diálogo y se reunieron con población civil en una aldea del departamento de La Guajira.

Según el gobierno, aunque el viaje estaba autorizado, Márquez y sus acompañantes estaban protegidos por insurgentes armados y no debían tener contactos con civiles.

Más allá de las razones del ejecutivo, hay que decir que es impensable que en un país donde aún existe un enfrentamiento armado, y donde pululan grupos irregulares de paramilitares o sicarios del narcotráfico, dirigentes de las FARC-EP podrían desplazarse sin ningún tipo de protección. Habría que ser muy ingenuo, por lo menos, para hacerlo así.

Por otra parte, cómo impedir contactos con la población, en una zona donde los habitantes tienen evidente simpatía por los alzados, como se ve en algunas imágenes difundidas y que disgustaron al presidente Santos.

Gracias a le mediación de los países garantes, Noruega y Cuba, este último también sede de las negociaciones, el traspié se superó y las pláticas continuarán, si bien el gobierno dice que el tiempo se agota pues las partes adelantaron su disposición de alcanzar un acuerdo final a más tardar el 23 de marzo.

Este hecho demostró que a pesar del avance en la agenda, donde hay consenso en cuatro de los seis puntos, la construcción de la confianza mutua aún es frágil.

Hasta ahora se lograron acuerdos en los temas de desarrollo agrario, drogas ilícitas, participación política de los rebeldes y reparación y justicia para las víctimas, pero faltan dos puntos espinosos por resolver: el desarme y la ratificación de lo convenido.

En este último asunto el gobierno insiste en hacerlo por la vía de un plebiscito, pero las FARC-EP señalan la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente.

La consulta pública contiene el riesgo de que los opositores a la paz y los partidos derechistas puedan torcer la voluntad popular por medio de una campaña mediática, algo que ya ocurrió antes.

Véase el ejemplo de Guatemala, donde en el referendo para llevar a rango constitucional los acuerdos de paz triunfó el no y los documentos se convirtieron en papeles mojados jamás llevados a la práctica y ese país es ahora uno de los más violentos e inestables de la región.

Agregamos, finalmente, que una negociación de este tipo no debe estar constreñida por plazos fatales. Esa sería una visión absurda porque la paz es un bien muy preciado para condicionarla a una fecha. Todo el mundo sabe que la carreta, nunca va adelante de los bueyes.