Por: María Josefina Arce

El desempleo en Ecuador rebasaba el diez por ciento antes de que en 2007 asumiera la presidencia del país Rafael Correa, de ahí que entre los principales objetivos de la Revolución Ciudadana que lidera esté la protección del empleo, máxime cuando a nivel internacional se vive un contexto económico difícil por la caída de los precios del petróleo, una situación que también incide en el país andino.

Los programas sociales puestos en práctica en los últimos nueve años han logrado reducir este flagelo y hoy Ecuador es la nación de América Latina con el índice más bajo de desempleo, con poco más de 4 por ciento.

El ministro de Trabajo, Leonardo Berrezueta, calificó la cifra como alentadora, al tiempo que recordó que el Gobierno ha delineado estrategias y políticas para evitar los despidos en el sector privado.

De ahí que una Comisión del Parlamento haya iniciado el debate de la Ley para la Optimización de la Jornada Laboral y el Seguro del Desempleo, remitida con carácter económico urgente para proteger a los trabajadores ecuatorianos.

El paquete de reformas laborales incluye la propuesta de un seguro de desempleo que tiene como fin apoyar a un trabajador que se encuentre cesante.

Podrán acogerse a este seguro, que tendrá una duración de cinco meses, las personas que hayan estado desempleadas al menos los últimos seis meses, a quienes se le entregará un salario equivalente al 70 por ciento de los últimos seis sueldos recibidos.

La propuesta complementa una serie de reformas planeadas en días anteriores, entre ellas, la reducción de la jornada laboral, medida que las autoridades han dejado claro se aplicará en casos extremos, como el que la empresa esté a punto de quebrar.

Se busca, afirmó el presidente Correa, que en caso extremo, con consentimiento del trabajador, se pueda trabajar 6 horas, en vez de despedir al 30% de la fuerza laboral, de tal manera que el 100% trabaje 6 horas y se reparta un poquito el impacto de los problemas.

Otra de las propuestas es sobre el tema del contrato juvenil, el cual está enfocado a las personas de 18 y 24 años, sin experiencia en el ámbito laboral previo.

La propuesta para incentivar ese primer empleo en los jóvenes consiste en que el Estado cubrirá el aporte al Seguro Social, el cual correspondía al empresario.

El gobierno del presidente Rafael Correa busca con esta reforma crear el marco para medidas más flexibles que tenemos que tener claro no están ligadas a la explotación del trabajador, sino a la protección de su derecho a un empleo.