Por: Guillermo Alvarado

Desde los más diversos lugares del mundo continúan elevándose las voces de repudio al asesinato de la líder indígena y comunitaria hondureña Berta Cáceres, un crimen que obliga al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández a realizar una profunda y rápida investigación para dar con los responsables materiales, pero sobre todo con los intelectuales, de esta acción brutal.

La misma dirigente había denunciado tiempo atrás la enorme vulnerabilidad de quienes luchan por los derechos de los indígenas y otras minorías étnicas, los que defienden el medio ambiente de la depredación de las transnacionales y la irresponsabilidad de muchas autoridades, que ponen las riquezas naturales en manos de los que sólo buscan dinero y ganancias.

Alertó que con su lucha, estos líderes tocan intereses poderosos y eso siempre es un riesgo, más aún cuando a los programas de represión les acompaña la militarización, amparada con varios pretextos, como los planes Colombia y Mérida y el de Seguridad para Centroamérica, supuestamente creados para combatir el narcotráfico y el terrorismo, pero que forman parte de un proyecto de dominación continental.

Sus palabras, ofrecidas en entrevista inédita hasta hoy a Osmán López, profesor de sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, resultaron lamentablemente proféticas para ella y por eso es indispensable saber pronto de donde surgió la orden de poner fin a su vida y tomar las medidas que sean necesarias para que reciban justo castigo.

Así lo demandan en el continente y más allá de él, organizaciones de todo tipo, personalidades políticas, profesionales y sobre todo los pueblos indígenas, los negros, los garífunas y otras comunidades originarias que veían en la lucha de Berta Cáceres un camino hacia su dignificación.

En La Habana más de una decena de entidades, entre ellas el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, la Federación de Mujeres Cubanas y la Central de Trabajadores de Cuba condenaron el crimen y lo calificaron de asesinato político.

Gobiernos progresistas latinoamericanos y ciudadanos comunes de casi todos los países se unieron al repudio, cuyos ecos llegaron inclusive hasta la ONU y el Parlamento de la Unión Europea.

En este último foro no faltaron quienes recordaron la complicidad de Estados Unidos y la Unión Europea con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, así como con el deterioro ocurrido desde entonces en la situación de los derechos humanos.

Se trata sin ninguna duda de un crimen de odio, perpetrado por quienes son incapaces de medir el valor de la dignidad humana y de la importancia de la defensa de los más elementales derechos, entre ellos el de tener un entorno limpio y saludable para garantizar una vida mejor a todas las personas.

Pero también, y por encima de todo, el asesinato de Berta Cáceres fue un acto de miedo frente a aquellos que no tienen miedo de levantar su voz y ante cuyos argumentos no les queda más que el despreciable recurso de la fuerza bruta, pensando, equivocadamente, que los disparos pueden matar a las ideas.