Por: Guillermo Alvarado

Tras dos meses de gobierno de Mauricio Macri en Argentina, el tono prepotente del ejecutivo, la oleada de despidos sin precedentes y las acciones de grupos violentos de carácter extremista justifican la inquietud de si acaso en el país sudamericano estamos ante el advenimiento de un régimen represivo, similar a las dictaduras militares de los años 70 y 80 del siglo pasado.

Pocas veces se había visto una arremetida semejante en contra de medidas de beneficio popular adoptadas por una administración anterior como lo está haciendo Macri, quien llegó al poder bajo la consigna de “cambiemos”, si bien no muchos adivinaron lo profundo y radical que sería este cambio hacia el pasado.

Hasta el momento 108 mil puestos de trabajo han caído bajo la guadaña neoliberal y la justificación del presidente llamaría a la risa si no fuese un asunto tan serio. Dijo el jefe de Estado que la culpa de esto la tiene el gobierno anterior, el de Cristina Fernández, porque dejó un país pobre y con problemas.

Pobres y con problemas van a ser estos 108 mil empleados y sus familias que tenían un ingreso asegurado y ahora desde el paro deben enfrentar el encarecimiento de los servicios de energía eléctrica, del gas doméstico y el incremento de la inflación.

A los ricos se les quitan los impuestos, a los pobres se les quita el trabajo. Esa es la ecuación de los tiempos del cambio en Argentina y sería bueno que los pueblos de Nuestra América comprendieran bien esto, porque es el meollo de la llamada “restauración conservadora” que tanto bombo recibe desde la derecha.

Pero hay otros aspectos también preocupantes en la conducta de las nuevas autoridades, como es la persecución contra dirigentes sociales que son los llamados a encabezar la protesta contra las atrocidades de este gobierno.

Cuenta entre ellos la captura en la provincia de Jujuy de la líder indígena Milagro Sala, quien también es diputada al Parlamento del Mercosur, acusada por supuestos delitos de instigación a cometer actos ilícitos y tumultos.

En esta detención se violaron leyes ordinarias argentinas, la Carta Magna y el Código Procesal Penal, pero más grave aún, se avizora la intención de generalizar la criminalización de la protesta social, ni más ni menos como ocurría bajo las dictaduras militares, cuando ser dirigente sindical, estudiantil o comunitario era más peligroso que ser ladrón o asesino.

En este marco se inscribe el acoso de que fue objeto el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, cuya vivienda en Mar del Plata fue saqueada y destruida por bandas neofascistas que actúan con total impunidad.

El defensor de los derechos humanos denunció que estas pandillas están resurgiendo con mucha fuerza y en muchos lugares del país, sin que hasta ahora se conozca ninguna acción enérgica en su contra.

Según numerosas firmas encuestadoras, entre ellas Poliarca y Haime & Asociados, la aprobación a la administración de Macri cayó entre 12 y 9 puntos de diciembre a la fecha, mientras la oposición a su gobierno creció del 20 al 32 por ciento, lo cual demuestra que el cambio, según su particular visión, no entusiasma precisamente a los argentinos.