Por: Guillermo Alvarado

A 19 meses de la desaparición de 43 estudiantes del municipio mexicano de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, los padres y familiares aún desconocen qué ocurrió con sus hijos mientras las autoridades parecen hacer lo posible por mantener total oscuridad sobre los acontecimientos.

Esta semana se difundó un informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, donde se desmienten varias de las « verdades históricas » que la fiscalía mexicana había presentado sobre la tragedia.

El texto señala que no existe ninguna evidencia científica de que los muchachos fueron incinerados en un basurero y sus cuerpos reducidos a cenizas, las que luego habrían sido lanzadas a un río.

Los especialistas determinaron que en las condiciones de ese momento esta acción era imposible por completo,porque para quemar un cuerpo en su totalidad se necesidan instalaciones adecuadas. Tratándose de 43 personas y a campo abierto esa hipótesis de la fiscalía es
insostenible.

También señalaron que los teléfonos celulares de las víctimas estuvieron activos durante días y semanas después de su desaparición, lo cual contradice la versión oficial de que fueron destruidos junto con sus propietarios.

La respuesta del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a este documento fue decir a los miembros del GIEI que no podrán continuar sus trabajos a partir del 30 de abril y quienes no sean mexicanos deberán abandonar el país después de esa fecha.

De acuerdo con Bernardo Campos, padre de uno de los desaparecidos, el grupo de expertos independientes les había infundido confianza, porque el gobierno nunca les pudo decir la verdad. Ahora se marchan, no porque hayan terminado su trabajo, sino por falta de voluntad política del ejecutivo para esclarecer los hechos y llevar el caso hasta sus últimas consecuencias, agregó.

Como se recordará, el 26 de septiembre de 2014 un grupo de 43 normalistas, como se conoce en México a quienes se preparan para ser maestros, del municipio de Ayotzinapa fueron detenidos por policías municipales en la localidad de Iguala cuando se dirigían a una manifestación y desaparecieron sin dejar rastro.

Hasta ahora han sido inútiles los esfuerzos de sus familiares por lograr una versión creíble de la tragedia, mientras los investigadores oficiales caen en una contradicción tras otra.

Se ha impedido, además, inspeccionar un cuartel militar ubicado en los alrededores, donde se sospecha que los jóvenes fueron recluidos y, quizás, asesinados, en una trama macabra donde habrían participado autoridades locales y bandas criminales dedicadas al narcotráfico.

El alcalde de Iguala y su esposa fueron detenidos por presunta corrupción, pero nunca se avanzó en determinar el paradero de los muchachos.

Ahora, la decisión del gobierno de impedir la continuación de los trabajos de la CIEI no hace sino ensombrecer el tema y muchos se preguntan por qué ese empeño en impedir la investigación.

Tanto miedo a la verdad no hace sino incrementar las sospechas de que en el tema están involucradas personas más importantes que un alcalde de un pequeño municipio y un grupito de policías venales.

Mientras tanto, los padres continúan su titánica labor contra viento, mareas y autoridades con la esperanza de que un día, por fin, se haga la luz, se imponga la justicia y reciban su merecido castigo los culpables materiales e intelectuales de tanto sufrimiento.