Por: Guillermo Alvarado

Con sorpresa, y también con cierto alivio, se recibió la noticia esta semana de la captura de cuatro personas sospechosas de la autoría intelectual y material del asesinato de la dirigente popular y ambientalista hondureña Berta Cáceres, un crimen que estremeció a la opinión pública en ese país centroamericano y a la comunidad internacional.

Entre los detenidos hay dos vinculados con el ejército, el mayor Mariano Díaz y el oficial retirado Edilson Duarte. Tambien figura Sergio Rodríguez, gerente en temas sociales de la empresa Desarrollos Energéticos Socidad  Anónima, DESA ; así como un sicario identificado como Douglas Bustillo.

De acuerdo con las versiones iniciales, Rodríguez habría contactado con el mayor Díaz para planificar el asesinato y éste reclutó a los otros dos sujetos que habrían llevado a la práctica la ejecución.

Según fuentes periodísticas hondureñas, la policía tiene otros sospechosos de participar en el complot, entre ellos un diputado del Congreso Nacional de Honduras y un vicealcalde de una de las comunidades que serían afectadas por el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la firma DESA.

De confirmarse todo lo anterior, se estaría dando la razón al clamor popular de que se trató de un crimen destinado a silenciar las protestas sociales contra una iniciativa que causaría un grave daño ecológico en una amplia zona del país y cuyos beneficios irían a parar a manos de empresarios y políticos corruptos.

Contrario a lo que dictan las leyes y los tratados internacionales, el gobierno de Honduras ha autorizado numerosos proyectos de explotación minera y energéticos sin contar antes con la aprobación de las poblaciones originarias que habitan en las áreas donde éstos se llevarán a cabo.

La lucha contra estos planes formaba parte de las actividades de Berta Cáceres, quien había logrado unificar a las comunidades de origen lenca y otras etnias minoritarias para detener la depredación de los recursos naturales.

Desde hacía tiempo había recibido múltiples amenazas de muerte y, sin embargo, no contaba con la debida protección policial, como lo demostró el hecho de que sus asesinos actuaron con total impunidad.

La familia de Cáceres dijo que recibió con sorpresa la información sobre la captura de los ejecutores, pero exigió que se permita la participación de entidades independientes durante las indagatorias para garantizar la  transparencia del proceso.

También insisten en que deben existir otros implicados en los hechos, que dificilmente pudieron desencadenarse sólo por la decisión de un gerente de la empresa afectada por el liderazgo de Cáceres.

Aunque la Hidroeléctrica Agua Zarca aseguró en un comunicado que no es responsable ni tiene vinculo material e intelectual con el asesinato de la líder indígena, se demanda al gobierno que profundicen las investigaciones en esa dirección.

Ya la transnacional alemana Voith decidió suspender de manera temporal las entregas de materiales y tecnologías a DESA por la presunta participación de empleados de ésta última firma en el crimen.

Si bien el asesinato de Cáceres es un daño irreparable, la justicia será bien recibida, siempre y cuando alcance a todos los responsables y no sólo a un pequeño grupo que obviamente actuó bajo órdenes superiores, cuya identidad aún permanece en las sombras.