Por: Guillermo Alvarado

Una marcha de madres en la capital de México para exigir al gobierno realizar todas las investigaciones necesarias para dar con el paradero de sus hijos trajo al primer plano el drama de los desaparecidos en ese país latinoamericano, cuya cifra oscila entre 26 mil y 27 mil de acuerdo con diversas fuentes.

Ese penoso fenómeno ha existido durante décadas, pero se incrementó de manera acelerada tras el inicio de la guerra del gobierno, instigada por Estados Unidos, contra las mafias que trasiegan drogas hacia la nación norteña.

Además de las víctimas de este enfrentamiento, a todas luces inútil para combatir el narcotráfico, existe otro grupo de desaparecidos cuya cifra es muy difícil de calcular porque en la gran mayoría de los casos no hay una denuncia ante las autoridades.

Se trata de los migrantes originarios de Centroamérica y otros países del sur del continente, que en su ruta hacia Estados Unidos deben atravesar territorio mexicano donde suelen sufrir el accionar de grupos criminales que los asaltan, asesinan o los desvían hacia las oscuras redes del tráfico de seres  humanos con fines de explotación sexual o laboral.

Este es el quinto año consecutivo que mujeres de diferentes lugares se congregan en la ciudad de México, precisamente en el Día de las Madres que en ese país se celebra cada 10 de mayo, para demandar justicia al gobierno.

La desaparición forzada está considerada como un delito de lesa humanidad y por lo tanto no prescribe jamás.

Por otra parte, de acuerdo con los tratados internacionales, se considera que se sigue cometiendo durante todo el tiempo desde que se perpetra la desaparición, hasta que existe certeza de lo que ocurrió con la víctima y, en caso de su muerte, dónde se encuentran sus restos.

Se trata de un crimen cruel, que no sólo afecta a un individuo, sino que involucra a todo su entorno, porque padres, hermanos, hijos o cónyuges pueden  pasar años sumidos en la angustia de no saber qué paso en realidad con su familiar, y si éste vive o nó.

La movilización, bautizada como Marcha de la Dignidad Nacional, exige que los familiares participen en la redacción de una eventual Ley General contra la  esaparición Forzada, un texto que el actual gobierno presidido por Enrique Peña Nieto se resiste a formular.

Un dato que hace más escabroso este tema es que de acuerdo con organizaciones humanitarias y no gubernamentales, cerca del 30 por ciento de las desapariciones en México corresponden  a menores de edad, muchos de ellos escolares que un día se esfumaron cuando iban rumbo a sus escuelas o de regreso a sus hogares y nunca más se tuvo noticias de ellos.

A los miles de nombres ya existentes se suman los de 43 estudiantes de un centro formador de maestros del municipio de Ayotzinapa, estado de Guerrero, cuyos padres aún aguardan una explicación oficial ante un caso que pronto va a cumplir dos años y aún se mantiene en la oscuridad.

El común denominador de todas las protestas es la exigencia de que el Estado asuma la responsabilidad total para eliminar este flagelo, en el cual coinciden el accionar del crimen organizado, la colusión de autoridades corruptas y la ineficacia de los aparatos de justicia, policía y seguridad.