Por:Guillermo Alvarado

Los argentinos y la población en general de nuestra región miran con esperanzas el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa nación sudamericana bajo la tenebrosa Operación Cóndor, una especie de transnacional del crimen que coordinó acciones represivas de regímenes dictatoriales en varios países.

El tribunal Federal tiene el caso listo para sentencia luego de tres años de arduos trabajos y no pocas presiones, tanto de sectores militares comprometidos con dicha operación, como también de la derecha que avaló los secuestros, torturas y asesinatos perpetrados en la segunda mitad del siglo pasado.

El total de víctimas de ese esquema represivo regional que fueron analizadas por los magistrados en Argentina asciende a 457 casos, de los cuales 73 corresponden a ciudadanos de ese país; 14 de Bolivia, 59 de Chile, 23 de Paraguay; 164 uruguayos; 3 peruanos; 10 brasileños y también algunas víctimas de Alemania y España.

Como se puede apreciar, el largo brazo de la Operación Condor alcanzó a personas de múltiples nacionalidades cuyo denominador común era pertenecer a alguna organización de izquierda, grupos sindicales o sociales, estudiantiles, o sencillamente ejercer algún tipo de oposición a las dictaduras militares.

Tras largo trámite que se inició desde 1999, las vistas del juicio por la Operación Cóndor comenzaron finalmente el 13 de marzo de 2013, y el veredicto que se espera alcanzará a 18 de los 31 acusados que llegaron a los tribunales.

Entre los que quedaron afuera por fallecimiento están el dictador Jorge Rafael Videla, muerto poco después de iniciados los debates en 2013, así como Jorge Olivera Rovere, jefe de Subzona Capital y responsable de numerosos crímenes.

Aguarda sentencia el uruguayo Manuel Cordero, antiguo responsable del servicio de inteligencia militar en su país, el único oficial de otra nacionalidad alcanzado por el proceso y para quien se requieren 25 años de prisión.

Entre las pruebas analizadas figuran documentos originarios de archivos de Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia y expedientes desclasificados por el gobierno de Estados Unidos sobre Chile y Argentina.

Se trata de un proceso de extraordinaria importancia para toda América Latina y El Caribe, y en él quedó al descubierto el papel que jugó Estados Unidos en el apoyo y la coordinación a esta tenebrosa organización criminal, que enlutó a miles de familias, que reclaman un justo castigo y la reparación de los daños.

No se trata de venganza ni desquite, se trata de la más elemental justicia y el conocimiento de la verdad sobre un período vergonzoso de nuestra historia reciente, que todavía resuena con ecos funerarios y dolorosos.