por Roberto Morejón

Para un país pobre como Cuba, además impactado por el bloqueo estadounidense y la baja de precios de renglones exportables, resulta imperativo aumentar las medidas de control económico, para la estricta supervisión de los recursos existentes.

Con esa premisa, los diputados cubanos analizaron en una de las comisiones del parlamento la urgencia del control, orden, disciplina y honestidad en las gestiones administrativas.

Se trata de cualidades menoscabadas en algunas entidades empresariales y de servicios de la base, como subrayó la Contraloría General de la República.

Ese órgano del Estado es el encargado de detectar y enfrentar las manifestaciones de corrupción y fomentar el orden.

La Contraloría y otras instancias oficiales trabajan por formar una cultura de control y prevención en las relaciones empresariales, a veces debilitada porque directivos y auxiliares consideran innecesario el máximo de control y tediosas las auditorías.

La Contraloría los orienta sobre el beneficio de esas pesquisas que además se acometen a pesar de no contar con todo el personal calificado.

En 2015, el 96% de las empresas programadas fueron fiscalizadas, en evidencia de los avances en el control económico en Cuba.

La Contraloría General de la República realizó asimismo un centenar de trabajos de control al proceso de liquidación del Presupuesto del Estado nacional del 2015 y a la elaboración del Anteproyecto del 2016.

Sin embargo, el país está lejos de conseguir el balance esperado porque persisten en las estructuras inferiores señales de indisciplinas, ilegalidades y corrupción, aunque al detectarse los tribunales actúan con todo el peso de la ley.

Mientras los consejos de las administraciones municipales y otros niveles directivos en esas demarcaciones y en las provincias exhiben progresos en el balance de sus cuentas, las dificultades persisten en las entidades de base.

Las irregularidades se registran si bien la Contraloría General de la República amplió en los últimos cinco años, desde su creación, los márgenes de conocimiento de las administraciones sobre las herramientas de control.

Igualmente propició el conocimiento y mayor aprendizaje de la gestión económica, además de aumentar el reconocimiento y el papel de los auditores en todas las instancias.

Será necesario insistir en ese papel instructivo y de inspección precisa, aparte de tener muy presente la ejemplaridad de las personas designadas para administrar recursos, bienes y entidades.

Como señalara la experimentada Contralora General de la República, Gladys Bejerano, sin control NO habrá desarrollo sostenible en Cuba.

Ese principio debe ser defendido a todos los niveles de la sociedad cubana.