por Roberto Morejón

Los puertorriqueños sufrirán el aumento de la tutela financiera de Estados Unidos por la condición colonial de la isla y la ejecución de una ley, aprobada por el Congreso de la Unión, para reestructurar la colosal deuda pública borinqueña.

Puerto Rico fue autorizado a reestructurar su deuda de 70 000 millones de dólares, dos días antes de cumplirse un vencimiento de pagos crucial.

El instrumento legal, firmado por el presidente Barack Obama, otorga el derecho a renegociar la deuda sin riesgo de que los acreedores puedan emprender acciones legales.

Como contrapartida, la ley conocida como “Promesa” pone en marcha un comité de supervisión o junta de control fiscal sobre los problemas financieros de la isla, entidad única para negociar con los acreedores.

Congresistas insistieron en que no autorizarán asistencia financiera federal a Puerto Rico y solo buscan salvar a los contribuyentes estadounidenses de sufragar una eventual bancarrota del oficialmente nombrado Estado Libre Asociado.

Ante una nueva mutilación de las escasas prerrogativas de las autoridades isleñas, muchos puertorriqueños gritaron contra el colonialismo y pidieron un prexit, es decir, la salida de su país de Estados Unidos.

También denunciaron a la junta de control fiscal que pronto dirigirá el gobierno y las finanzas domésticas.

Los ciudadanos expresaron su malestar porque el país no puede tomar sus propias decisiones.

Hasta el gobernador Alejandro García Padilla, contrario a la independencia, se unió a la protesta por el nuevo tutelaje y declaró una moratoria de las deudas de la isla.

Otrora próspera en su macroeconomía, la isla de 3,5 millones de habitantes comenzó su declive económico en 2006 con el fin de las exoneraciones fiscales masivas, medida que hasta entonces atrajo a las transnacionales.

Lo anterior, unido a casos de corrupción y a malos manejos de la economía, precipitó la recesión económica y la caída de los ingresos hicieron crecer la deuda de Puerto Rico, hasta entrar en dafault recientemente.

El presupuesto para gastos de Puerto Rico declinó en 40% en los últimos tres años y gran parte de las divisas ingresadas al erario público debieron dirigirse al pago de los compromisos financieros.

Hoy es común escuchar sobre escuelas clausuradas, menor número de camas de hospital, familias con pérdida de sus viviendas y emigración juvenil masiva.

Recordemos que la ley federal le prohíbe al gobierno puertorriqueño declararse en quiebra, al contrario de lo permitido a ciudades de Estados Unidos en la misma situación.

A partir de ahora, los puertorriqueños tampoco podrán fijar las pautas de las negociaciones para reestructurar la deuda que los acorrala porque la junta de supervisión fiscal lo impedirá.