por María Josefina Arce

La masacre de Curuguaty vuelve tristemente a ser noticia en Paraguay. Si hace cuatro años ese fue el pretexto esgrimido por la derecha para el golpe parlamentario contra el presidente constitucional Fernando Lugo, ahora la justicia paraguaya ha demostrado por dónde andan los derechos humanos en esa nación suramericana.

Increíblemente los condenados por aquel lamentable suceso, que causó en junio de 2012 la muerte de 17 personas, han sido los 11 sobrevivientes de la masacre.

Muchos recordaran que los sucesos ocurrieron cuando centenares de policías fuertemente armados acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de unas tierras que habían ocupado para exigir que fueran incorporadas a la reforma agraria.

Organizaciones sociales y movimientos de izquierda calificaron de aberrantes las sentencias contra los campesinos, víctimas, denunciaron, de un juicio plagado desde el inicio de irregularidades.

Irregular de por si es el hecho de que si bien durante los hechos murieron 11 campesinos y seis policías, la fiscalía solo investigó las muertes de los funcionarios del orden público, condenando al olvido a las otras víctimas mortales.

El hecho es que quienes han recibido sentencias de cuatro hasta 30 años de cárcel son los sobrevivientes de aquella tragedia, quienes han sido condenados por los delitos de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal.

Desde un inicio en Paraguay se levantaron numerosas voces para cuestionar que ningún integrante de las fuerzas de seguridad o funcionario fuera juzgado por la muerte de los 11 campesinos, al tiempo que denunciaron todo tipo de irregularidades en la investigación.

Recordemos que en 2013 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recriminó a Paraguay por violar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por la manera en que se estaba encarando la investigación fiscal del caso.

Esa instancia exigió "investigar los hechos y garantizar la imparcialidad del proceso", lo que es más que evidente no fue tenido en cuenta por justicia paraguaya.

La realidad es que los derechos humanos en Paraguay son todavía una asignatura pendiente. Para muchos el actual gobierno del presidente Horacio Cartes no tiene una buena relación con las prerrogativas ciudadanas.

Han sido constantes las denuncias de desalojos violentos, atropellos a ciudadanos y violaciones de derechos humanos. Uno de los sectores más afectado han sido sin dudas, los campesinos organizados.

El hecho es que se ha ido al aumento de la presencia de militares en las comunidades campesinas, que han denunciado casos de maltrato, abuso de poder, violencia policial, tortura y recurrentes escándalos de corrupción.

Asimismo, organizaciones sociales afirman que la constante presencia de fuerzas policiales y militares en varias zonas del país resulta sumamente costoso a las arcas públicas y se hace en desmedro de políticas sociales muy necesarias.