Por Jerome Duval

Cerca de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, principalmente en los países llamados “en desarrollo”. No obstante, en estos países, al menos 250.000 millones de euros de ingresos fiscales desaparecen cada año en los paraísos fiscales, o sea, seis veces el importe anual necesario para luchar y vencer el hambre hasta 2025. “Se ha calculado que entre el 85% y el 90% de esa riqueza pertenece a menos de 10 millones de personas —apenas el 0,014% de la población mundial—, y una tercera parte como mínimo pertenece a las 100.000 familias más ricas del mundo, cada una de las cuales posee un patrimonio neto de 30 millones de dólares como mínimo”, según el Estudio final sobre los flujos financieros ilícitos de la ONU. 

Son entonces los más adinerados los que se aprovechan de la reducción de ingresos fiscales por fraude, lo que perpetúa y empeora las desigualdades. Parece lógico que los más ricos, que se aprovechan de los beneficios de sus empresas, tendrían que contribuir con una redistribución a favor de los más pobres a través del impuesto sobre los beneficios de estas empresas. Sin embargo, la plusvalía generada por la explotación de la fuerza laboral se evapora en territorios paradisíacos para la oligarquía que gobierna y legisla.

Se trata de un robo organizado a gran escala –ilegítimo y no conforme a cualquier idea de desarrollo humano– de una riqueza que pertenece a aquellos y aquellas que la han creado con su trabajo, y que debería financiar los servicios públicos. De hecho, el impuesto sobre los beneficios, así no redistribuido para el bien común porque escapa al fisco, permite al capitalista optimizar la plusvalía obtenida del trabajo intentando, ilegalmente o no, privatizar su totalidad.

El fraude obstaculiza el desarrollo

El fraude y la evasión fiscal, que son practicados por las multinacionales ayudadas por grandes sociedades de auditoría, sobre todo (los famosos big four: Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG y Price Waterhouse Coopers), son una verdadera calamidad que entorpece el avance de un desarrollo real para las poblaciones empobrecidas por estas políticas.

Esta hemorragia de capitales impide la construcción de hospitales y el empleo de médicos con salarios dignos; el equipamiento de escuelas a la altura del reto acompañado de una contratación de profesores para reducir el número de alumnos por clase; la implantación de redes de suministro de agua potable, etc. Para el periodo 2008-2012, Global Financial Integrity estima que en 31 países en desarrollo las salidas de fondos ilícitos fueron superiores a los gastos públicos de salud, y que en 35 países en desarrollo fueron superiores a los gastos públicos de enseñanza.

En su informe Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013, la misma organización constata que los países calificados de “en desarrollo” y las economías emergentes perdieron 7,8 billones de dólares en los flujos financieros ilícitos desde 2004 hasta 2013, con salidas ilícitas cada vez más importantes, aumentando una media de un 6,5% al año, casi dos veces más rápido que el PIB mundial.

Crecimiento de las desigualdades

Tantas necesidades evidentes y, sin embargo, indispensables para el avance de un verdadero desarrollo se abandonan en favor de una clase oligárquica que no para de enriquecerse. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha indicado que el 8% de la población mundial más rica recibe la mitad de la totalidad de los ingresos, mientras que la otra mitad se reparte entre el 92% restante. La riqueza concentrada en manos del 1% más rico ha ascendido al 48% de la riqueza mundial en 2014 frente al 44% en 2010. Durante los últimos 20 años, las desigualdades de los ingresos han aumentado en los países en desarrollo.

La riqueza concentrada en manos del 1% más rico ha ascendido al 48% de la riqueza mundial en 2014 frente al 44% en 2010

El fraude fiscal merece un poco de seriedad, y sobre todo una justicia que sancione a los culpables. En ello va el desarrollo de países empobrecidos por el “sistema deuda”. En su informe, el experto independiente sobre la deuda de la ONU, Juan Pablo Bohoslavsky, insiste en la necesidad de combatir los flujos financieros considerados ilícitos, que “contribuyen a la acumulación de una deuda insostenible, porque la falta de ingresos públicos puede forzar a los gobiernos a acudir a los préstamos exteriores”. 

En vez de endeudarse para hacer frente a esta hemorragia de capitales que constituye el fraude fiscal, dichos flujos ilícitos privan a los Estados de recursos que podrían financiar actividades indispensables para la eliminación de la pobreza y para la consecución de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.

Al término de este informe, una resolución sobre la evasión fiscal y la necesidad de devolver los activos malversados a los países calificados de “en desarrollo” fue adoptada a nivel del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. El 24 de marzo de 2016, ningún Estado europeo votó a favor. Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, Suiza, Reino Unido, Portugal, Albania, Eslovenia, Letonia, Georgia, la República de Corea, la Ex-República yugoslava de Macedonia, México y Panamá se abstuvieron.

Traducido del francés por Sylia Amrarene y revisado por Fátima Martín.

 Jérôme Duval es miembro del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM)