Hoy se cumplen 25 años de uno de los crímenes más brutales, motivados por la permanente política estadounidense de promover la emigración ilegal desde la isla hacia ese país norteño.
El 9 de enero de 1992, un grupo de individuos asesinaron a los jóvenes que custodiaban las embarcaciones destinadas a la recreación de los niños de la base náutica del Campamento Pioneril de Tarará.
Luis Miguel Almeida Pérez, uno de los asaltantes, había trabajado allí, y sus conocimientos sirvieron para violentar la seguridad de la instalación. Mientras este criminal conversaba con los combatientes, el resto de los delincuentes esperaba para atacarlos por sorpresa.
En su afán por salir del país a cualquier costo, los elementos antisociales volaron el dispositivo de protección del lugar y sorprendieron a los combatientes a quienes neutralizaron. A pesar de la resistencia fueron golpeados, atados y despojados de sus armas.
Los atacantes tenían como objetivo secuestrar uno de los navíos para abandonar el país y aprovechar los beneficios que les proveía la Ley de Ajuste Cubano, que desde 1966 facilita el ingreso ilegal de cubanos en Estados Unidos, independientemente de las vías y métodos que utilicen.
Ante la imposibilidad de secuestrar la embarcación, los asaltantes regresaron a la garita de seguridad y ametrallaron alevosa y vilmente al sargento de tercera Yuri Gómez Reinoso, soldado Orosmán Dueñas Valero, de Tropas Guardafronteras y al custodio Rafael Guevara Borges.
En este hecho también resultó gravemente herido el sargento de primera Rolando Pérez, quien murió días después en un hospital del país.
Precisamente, su denuncia fue decisiva para que con la acción conjunta del Ministerio del Interior y la población, fuera posible capturar a los 7 asaltantes y luego juzgarlos por los tribunales del país.
Pese a que resulta extensa la lista de las víctimas de estos actos contra Cuba, Estados Unidos persiste con su política hostil e incrementa el número de acciones en pos de desestabilizar el proceso revolucionario en la isla.
(PL)
