Por: Nazareth Balbás

Una verdad dicha mil veces puede parecer mentira. Ese podría ser el caso del denunciado financiamiento que recibe la oposición venezolana por parte de EE.UU., de los grupos económicos nacionales y, claro, de organizaciones internacionales interesadas en frenar la llamada Revolución Bolivariana.

¿Será cierto? La pregunta se repite casi con la misma frecuencia que las denuncias del gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre las fuentes de financiamiento de la oposición venezolana.

Sin embargo, Maduro no es el precursor. Antes de él, la alerta fue hecha -y reiterada- por el fallecido mandatario Hugo Chávez, quien fue víctima de un golpe de Estado en 2002 y, desde entonces, el asedio a su gobierno sólo fue en escalada. Pero, ¿de qué se trata? ¿De dónde provienen los cuantiosos recursos que han sido destinados a la derecha venezolana, por casi dos décadas, de manera interrumpida? La respuesta es amplia.

Desde aportes directos del Departamento de Estado a voceros de la oposición, hasta inyección de divisas a organizaciones fachada que operan en el país, pasando por los aportes del empresariado local, sin descuidar el “apoyo” recibido por parte de partidos políticos y fundaciones en Europa, lo que le ha sobrado a la derecha han sido ingresos. Casi siempre en moneda extranjera.

Washington, mon amour

La abogada estadounidense Eva Golinger ha sido una de las voces más citadas para hablar de los recursos que llegan para la oposición, vía Washington. En 2009, por ejemplo, la investigadora -apoyada en pesquisas a documentos desclasificados del Departamento de Estado- cifraba en 6,4 millones de dólares los aportes del Fondo Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) a los grupos políticos que adversan a la Revolución Bolivariana. Los números no son descabellados.

En 2014, la justificación presupuestaria del Congreso norteamericano (página 126) detalló que a Venezuela se destinaron 5 millones de dólares para “apoyar los esfuerzos políticos de construcción de competencias”, con el propósito de “proteger” el espacio democrático mediante el financiamiento a la “sociedad civil”. Aunque EE.UU. tiene varios programas de “cooperación” en áreas como salud, cultura o educación, todos los recursos para el país suramericano se enviaron a una sola partida: el Fondo de Apoyo Económico (ESF, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, el cambio de inquilino en la Casa Blanca amenaza con cortar el flujo de billetes. El presidente norteamericano, Donald Trump, ha anunciado que hará un recorte de más de un tercio a los programas de “cooperación” con América Latina, que se ejecutan a través de instancias como la Usaid (la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), según ‘Foreing Policy’. La derecha venezolana, que fue financiada el año pasado con 6,5 millones de dólares, no recibirá ni un centavo. ¿Acaso ese tijeretazo en el financiamiento, por primera vez en más de 18 años, empuja a la oposición a actuar con más rapidez para forzar, por una ruta antidemocrática, la salida de Maduro?

La pieza de las ONG

El poder blando, que encubre la cara ruda de sus financistas, también tiene su espacio en Venezuela en forma de ONG. Estos sectores, aparentemente desvinculados del Estado y de los partidos políticos, se han convertido en la principal fachada para recibir financiamiento de terceros países, con EE.UU. a la cabeza.

Aunque en 2010 Venezuela sancionó una ley que impide a organizaciones recibir financiamiento externo para programas que “puedan atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones de la República”, eso no impidió que entre 2013 y 2014 entraran al país más de 14 millones de dólares provenientes de EE.UU. para financiar a ONG vinculadas a la oposición, justo en el que período en que recrudecieron las manifestaciones violentas de la derecha que cobraron la vida de 43 venezolanos. El escenario ahora es similar.

Mientras la derecha recrudece los focos de violencia callejera con ataques a militantes del chavismo, destrucción de patrimonio público, incendio a hospitales, acciones vandálicas, bloqueos a carreteras principales y hasta saqueos en zonas populares, que han dejado un saldo de 26 muertos y más de 500 heridos, varias ONG como el Foro Penal -financiada por Freedom House y dirigida por Gonzalo Himiob- han convocado a una manifestación este sábado en contra del gobierno del presidente Maduro, a quien, paradójicamente, responsabilizan de “provocar” ese escenario.

Para el presidente venezolano, el plan de sus adversarios políticos es diáfano: generar un estado de conmoción nacional que les permita perpetrar un golpe de Estado con el aval de EE.UU. y la bendición de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por eso, Caracas anunció su retiro del ente hemisférico esta semana.

Empresarios en guerra

Pero el apoyo que recibe la oposición no es únicamente internacional. Sus financistas también están en Venezuela y son, esencialmente, parte del poder fáctico más importante: el económico. Empresarios, banqueros e inversionistas figuran entre los patrocinantes preferidos (y subrepticios) de la derecha nacional. Lo que ha cambiado son sus métodos de colaboración.

Si en 2002 y 2003, durante el golpe de Estado y sabotaje patronal contra Chávez, los empresarios se unieron a una estrategia de paralización de sus industrias para presionar la salida del líder bolivariano, con Maduro han tomado un camino distinto. Hoy, esos mismos monopolios han optado por “luchar” sin sacrificar sus jugosos beneficios económicos.

Lorenzo Mendoza, un millonario venezolano cuya fortuna engrosa las filas de la Revista Forbes, es uno de ellos. En un audio difundido en octubre de 2015, el empresario admitió que estaba “en guerra” mientras conversaba con un entrañable amigo: Ricardo Haussmann, un ex ministro de economía responsable de implementar el paquetazo neoliberal que condujo al estallido social del 27 de febrero de 1989 en Venezuela, mejor conocido como “El Caracazo”.

Frente a ese audio, Maduro llamó “hipócrita” y “doble cara” a Mendoza por conspirar contra el país mientras recibía más de 5 mil millones de dólares preferenciales del Estado para sus negocios en territorio nacional. Sin embargo, el poder económico global nunca deja solos a los suyos. En marzo de este año, el dueño de Polar fue galardonado por su “audacia empresarial” en uno de los círculos más exclusivos de la élite corporativa, que ya intenta colar su nombre entre los eventuales “presidenciables” de la derecha.

De la misma familia del dueño de Polar proviene una de las figuras de la ultraderecha venezolana: Leopoldo López Mendoza, sobrino-nieto de un acaudalado empresario dueño de contratistas y bancos, que engrosaron sus ingentes fortunas durante los gobiernos antes de la llegada de Chávez al poder.

Los viajes realizados por Lilian Tintori, esposa de López, y el intenso lobby político en las más altas esferas del ámbito internacional para pedir la liberación de su marido, condenado en Venezuela por su responsabilidad en las acciones terroristas que propiciaron la muerte de 43 venezolanos, dan cuenta del poder que ostenta su familia.

Vallas publicitarias con la cara de López se ven en Caracas, pero también en países como España o Francia. Algo similar ocurre con la propaganda política de la oposición que invade las multi-pantallas: en celulares, mientras se navega por internet, se utilizan las redes sociales o se descarga un juego, el mensaje de la derecha es casi omnipresente. Y nada es gratis.

Medios bajo sospecha

El financiamiento que recibe la oposición no es solo con fines político-partidistas. Otro de los flancos en los que han podido disfrutar de cuantiosas contribuciones es en lo tocante a medios de comunicación y capacitación para distribución de contenidos a través de las redes sociales.

Según documentos desclasificados, al menos entre 2007 y 2009, el Departamento de Estado financió de manera soterrada a periodistas latinoamericanos en países como Bolivia, Nicaragua y Venezuela. En la nación caribeña se destinaron unos 700.000 dólares en becas de periodismo y programas vinculados, así como recursos para reclutar a jóvenes reporteros a través de ONG como Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys).

El resultado salta a la vista. En los últimos años, pese a la supuesta falta de “libertad de expresión” que denuncia la oposición, han proliferado los medios digitales en el contexto venezolano. Así, en un caldo noticioso donde abundan las noticias falsas, los rumores y la información “sin confirmar”, existe una caja de resonancia mediática que ha contribuido a ofrecer una imagen única de la coyuntura política, que silencia de manera adrede las voces del chavismo-gobierno e, incluso, las sataniza.

Políticos off shore

Aunque es difícil determinar el origen de los fondos, lo que sí es cierto es que a miembros de la oposición política en Venezuela no les va nada mal, a juzgar por las compañías constituidas en paraísos fiscales, que fueron reveladas a través de Panamá Papers.

Figuras como el ex banquero prófugo Eligio Cedeño, refugiado en EE.UU., tienen un emporio de empresas off shore; lo mismo ocurre con el ex candidato presidencial (que se midió contra Chávez en 1998), Henrique Salas Römer, quien posee varias empresas, una de ellas constituida en 2015 a través de intermediarios en Suiza.

Los nombres del actual presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, así como su compañero de partido -y ex jefe de campaña presidencial de Henrique Carpiles- Armando Briquet, también flotaron en la lista de propietarios de empresas, aunque el jefe de la bancada parlamentaria de derecha negó cualquier vinculación con el asunto.

Para el periodista y analista político Freddy Fernández, lo que ha quedado demostrado durante la época de la Revolución Bolivariana es que “ser oposición en Venezuela es un negocio, es un gran negocio”.

(Tomado de RT/La Radio del Sur)