Por: Elson Concepción.Granma.

Identificada como Jakelín Amei Rosmery Caal Maquín, la niña guatemalteca  había atravesado, a pie o en el medio de transporte que apareciera y no cobrara, junto a su padre Nery Gilberto Caal Cruz y otros 163  coterráneos, de ellos 50 niños,  unos 4 000 kilómetros que separan a su tierra natal, en el departamento de Alta Verapaz, en Guatemala, hasta  la frontera al sur de Lordsburg, Nuevo México, según reporta la CNN.

Una zona desértica, a más de 250 kilómetros al oeste de El Paso, Texas, fue la encrucijada final de esta pequeña, que estoy seguro nunca supo el porqué emigraba, ni qué medidas de «tolerancia cero» había impuesto Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, para cerrar el tránsito a quienes como ella formaban parte de una ¡invasión!, de acuerdo con palabras de Trump.

La niña fallecida solo conocía el idioma nativo de la familia, un dialecto maya, el quiché, que se habla en la sierra guatemalteca.

En sus pocos años de existencia estoy seguro que, además de estar marcada por la penuria, pudo tener sus momentos de lozanía cuando en su andar por tierras mayas quizá conociera flores como la orquídea Monja Blanca, declarada flor nacional de Guatemala; o vio volar algún que otro pájaro de plumaje verde y tornasol, el Quetzal, asociado a los dioses maya, que lo veneraban, ave nacional de su país representada en el escudo.

También pudo haber oído hablar de que Alta Verapaz, donde vivía, tuvo antes el nombre de Tuzulutlán, que significa tierra de guerra, y que el patronímico se asocia con la resistencia que encontraron los colonizadores españoles para apoderarse de esa región.

La niña Jakelín, cuyo corazoncito dejó de latir en días pasados, nunca oyó siquiera decir que por esos días de su desenlace fatal el mundo conmemoraba el aniversario 70 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, muchos de cuyos acápites principales están dirigidos a la protección de la niñez.

Ahora la pequeña pasa a engrosar la larga lista de personas muertas en su propósito de llegar al opulento Estados Unidos y que allí le brindaran abrigo, comida, educación, trabajo. Pero solo encontró la muerte.
Jakelín proviene de una de las tantas familias que en Alta Verapaz, forman parte del 78,83 % que viven por debajo de la línea de pobreza, o el 43,51 % que vive en la pobreza extrema.

Se trata de una zona con gran presencia indígena y donde 87 de cada cien personas de ese pueblo originario son pobres.

No tuvo tiempo esta niña de conocer esas desgarradoras cifras que solo pudieran revertirse con un esfuerzo conjunto, donde políticas locales estén acompañadas de programas sociales e inversiones foráneas, fundamentalmente de países ricos como al que quiso llegar Jakelín, y donde se proyectan invertir más de 5 000 millones de dólares para construir un muro que garantice la «tolerancia cero» dictaminada por Trump.

La lamentable muerte de la pequeña guatemalteca ha disparado las alarmas y dos políticos de Texas, el congresista Joaquín Castro y el excandidato a senador Beto O’Rourke, han pedido una investigación completa del caso. Castro, que preside el grupo de congresistas hispanos en Washington, publicó un comunicado en el que recuerda que el endurecimiento de las condiciones para pedir asilo en la frontera, como ha hecho el gobierno de Donald Trump, no reduce las llegadas de personas sino que empuja la presión migratoria hacia zonas despobladas por donde es más peligroso cruzar.

A la exigencia de responsabilidades se sumaron la senadora demócrata Kamala Harris y la excandidata presidencial Hillary Clinton.

En el año fiscal del 2018, de septiembre a septiembre, las patrullas fronterizas de Estados Unidos han detenido a casi 400 000 personas de diversos países centroamericanos.

Con el afán de cumplir con su objetivo de «tolerancia cero», Trump, además de proponerse construir el muro, ordenó el despliegue de miles de soldados a lo largo de la frontera con México, y separó a más de 2 000 niños migrantes de sus padres, una franca violación de los derechos humanos.

En mayo del presente año, otra migrante guatemalteca murió en Laredo, Texas, luego de que un guardia de la patrulla fronteriza le disparara. Era otra joven maya, identificada como Claudia Patricia Gómez González, de apenas 19  años y originaria de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, según reportes de Telesur.

En este contexto de muertes e incertidumbre, el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto al mandatario estadounidense un acuerdo de inversión en Centroamérica para frenar la migración y señaló que este plan sería tan importante como el acuerdo comercial con Estados Unidos.

López Obrador detalló que en la más reciente conversación telefónica con Trump instó a su homólogo a trabajar para alcanzar una primera versión del acuerdo y le mencionó que México dispone de 5 000 millones de dólares para invertir en el plan.
El proyecto de inversión mexicano, en acuerdo con Guatemala, El Salvador y Honduras, propone la creación de un fondo para implementar programas y proyectos que generen empleo y combatan la pobreza en Centroamérica, que junto con la violencia criminal son los principales móviles del éxodo.

La respuesta de Trump no se hizo esperar, y luego de la llamada del mandatario mexicano, escribió en Twitter que su polémica promesa de hacer que México pague por la construcción de un muro fronterizo «nunca ha cambiado» y agregó que con el dinero que ahorrará gracias a la reciente renovación del acuerdo comercial entre ambos países y Canadá, «México está pagando por el muro».

ANTECEDENTES
El 2018 fue la continuación a un mandato que nació con vocación antinmigrante, de un presidente que empezó su recorrido político insultando a los mexicanos («criminales, narcotraficantes, violadores»), a los haitianos («todos tienen SIDA»), intentando prohibir la entrada a los «peligrosos» nacionales de países de mayoría musulmana.

Los ojos del mundo se abrieron con la crisis de la separación familiar y la política de Tolerancia Cero: en menos de seis semanas, entre abril y mayo, más de 2 000 niños fueron arrancados de sus padres, sin explicación ni certeza de reencuentro.

FRENTE A LA CARAVANA

Octubre:
Aproximadamente 7 000 migrantes, incluyendo familias y mujeres con niños, salieron de Centroamérica y avanzaron por México rumbo a Estados Unidos. El viernes 19 llegaron al puente que conecta la frontera entre Guatemala y México,
Más de 1 500 migrantes que salieron de Honduras llegaron a la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos (ee. uu.).
 
Noviembre:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó a las tropas fronterizas a disparar contra la caravana de migrantes centroamericanos, en caso de ocurrir algún altercado entre ellos y la policía.

El Departamento de Defensa estadounidense desplegó más de 5 800 soldados en activo en la frontera con México para fortalecer la seguridad.

Los lugares fronterizos de Baja California, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Coahuila, que conectan a México con Estados Unidos, fueron sellados por militares estadounidenses.

Con alambres de púas, malla ciclónica y barricadas han sido reforzadas las protecciones en los puentes internacionales de Tamaulipas: el Reynosa-Hidalgo, desde el día 3; en Nuevo Laredo, desde el 10, la Puerta de las Américas y el Juárez-Lincoln, y desde el día 13 el de Matamoros-Brownsville.

Fuentes: The New York Times, El Universal, Telesur.