Por: José Raúl Concepción, Ania Terrero

La Habana, 29 dic (RHC) Sobre el funcionamiento de los organismos que conforman el sistema de impartición de justicia en Cuba, los servicios legales que se ofrecen a la población y los desafíos que traerá el 2019 en esas materias con la culminación del proceso de Reforma Constitucional que ha vivido la nación caribeña, versó la emisión de este viernes de la Mesa Redonda.

Para hacer un balance de lo sucedido en el 2018 y referirse a las líneas de trabajo priorizadas en estos temas para el próximo año, participaron en el intercambio Oscar Manuel Silveira Martínez, el Ministro de Justicia, Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República y Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular.

Ministerio de Justicia: Avances y retos

El titular de Justicia, Oscar Manuel Silveira Martínez, explicó que el Ministerio del campo es un Órgano de la Administración Central del Estado que trabaja en alianza con la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular, pero estos tienen sus tareas definidas en la Constitución vigente.

Comentó que el sistema de justicia del país está integrado por estos tres organismos y además por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y los órganos del Ministerio del Interior, pero que el Ministerio de Justicia no tiene relaciones de poder sobre unos u otros.

Sobre las misiones del Ministerio de Justicia, manifestó que deben asistir al Estado y al gobierno en la actividad legislativa y cumplir las políticas aprobadas en determinadas materias jurídicas. Aquí se encuentran las asociaciones, los servicios notariales, los servicios registrales, el asesoramiento jurídico y los aspectos relacionados al proceso penal.

En estas últimas, destacó Silveira Martínez, son fundamentales la atención a la actividad del Registro Central de Sancionados para los antecedentes penales de las personas sancionadas por los tribunales y a la Caja de Resarcimientos, que se encarga de una parte de la ejecución de la responsabilidad civil de los sancionados.

“En estos temas el 2018 ha sido, en general, un año positivo pero también con varias deficiencias y errores en determinados servicios que brindamos a la población. Hemos cumplido nuestro deber con la actividad legislativa del país y el incremento de la cultura jurídica de la población”, señaló el Ministro haciendo un balance de la labor desempeñada.

Refiriéndose al trabajo del Ministerio de Justicia como parte del proceso de implementación de los lineamientos iniciado en 2012, comentó que se han aprobado más de 150 políticas, 429 normas aprobadas, 798 normas derogadas y 87 normas modificadas.

El titular dedicó un punto aparte para comentar la labor de la Gaceta oficial de la República de Cuba como principal difusora de las leyes aprobadas en la nación y herramienta para fomentar e incrementar la cultura jurídica de la población, otras de las misiones del Ministerio como parte del proceso de Reforma Constitucional.

Aclaró que hasta finales de diciembre se publicaron 1374 normas jurídicas en 153 ediciones impresas y que se encuentran al día con las publicaciones digitales. Añadió que mantener actualizada la publicación de las normativas aprobadas supone un reto y un desafío importante es trabajar en la actualización de la página web de la Gaceta para que sea más cómoda en la búsqueda y consulta de las leyes.

Durante su intervención, Silveira Martínez también se refirió a la actividad de Asesoramiento Jurídico como punto vital para el actual proceso de actualización del modelo económico y social del país.

“Contamos con 3830 juristas vinculados a la actividad, 10 948 entidades cuentan con asesoramiento jurídico, 4071 bases productivas del sector agropecuario también cuentan con dicha actividad  lo que representa un 91% del total de bases productivas”, dijo.

En este punto, marcó como pendiente el seguir insistiendo en la capacitación de los compañeros encargados de estos asesoramientos y aseguró que aún queda un segmento de las instituciones y organismos del país por cubrir con este servicio.

En el caso de las Notarías, el país cuenta con 657 notarios. A partir  de varias decisiones adoptadas por el país sobre la autorización de trámites desde el año 2012 se ha incrementado el trabajo de los Notarios en el 50% y hasta el cierre de noviembre de 2018 se realizaron 589 324 documentos notariales y se han recibido 140 mil consultas.

Sobre la actividad de los registros -sobre todo del Registro del Estado Civil, que incluye nacimiento, matrimonio y defunción, y del Registro de la Propiedad-, el Ministro de Justicia aseguró que se tiene como fortaleza una política para incrementar la velocidad.

“Los Registros del Estado Civil, por ejemplo, han inscrito más de 230 mil certificados, 95 336 nacimientos, 39 861 matrimonios y 95 054 defunciones. Se han emitido hasta noviembre más de 1 millón 500 mil certificaciones”, señaló.

Silveira Martínez hizo hincapié en el hecho de que estos dos servicios son los de mayor impacto en las personas, que acuden sólo ante situaciones de necesidad, por lo que es necesaria la  imperiosa obligación de brindar un servicio de alta calidad.

Priorizar la agilidad en el cumplimiento de los términos y la revisión de estos para acortarlos, la aplicación correcta del Derecho y la actuación de los trabajadores del sector con ética, conducta incorruptible, profesionalidad, sensibilidad, responsabilidad, seriedad y decencia, fueron algunas de las claves planteadas por el titular en este sentido.

“En general, las personas que se desempeñan en las notarías y registros cumplen con esas exigencias, son personas dedicadas al trabajo, gente humilde que en la mayoría de los casos trabaja en condiciones difíciles por la falta de espacio y muchas veces con carencia de recursos”, dijo.

Pero también reconoció que existen casos en que se brinda mal servicio, no se respetan los horarios de trabajo, se cobran y aceptan regalos, se favorece a las personas, prevalece el amiguismo, se tienen que hacer colas desde horas de la madrugada y aparecen fenómenos nocivos como los turnos.

Otra situación negativa planteada por Silveira Martínez es la cantidad de errores que se comenten en las certificaciones del Registro del Estado Civil, lo que provoca que las personas tengan que acudir en varias ocasiones a los registros y volver a pagar tarifas. De un 1 millón 700 mil notificaciones emitidas, más de 82 mil presentaron subsanaciones.

El titular del campo refirió que parte de las decisiones adoptadas por el Ministerio para solucionar este y otros problemas y mejorar los servicios brindados van encaminadas a controlar, escuchar a la población con rapidez y sentido autocritico y avanzar cada día en la informatización de los servicios notariales y de los Registros Públicos para garantizar rapidez, transparencia y control.

“Pasos importantes de avances se concretan en el Registro Central de Sancionados y el de Actos de Última Voluntad y Declaratoria de Herederos pero lo que hacemos hoy desde la capital de todas las provincias tenemos que extenderlo a todos los municipios del país” comentó.

Algunas de las decisiones implementadas en este sentido:

• Una nueva página web. que permite la solicitud de certificaciones del Registro Central de Sancionados y de Registro de Actos de Última Voluntad por esa vía.
• La Instrucción 1, dictada en noviembre de 2018, que elimina la exigencia a las personas de documentos en 12 procesos notariales.
• Resolución 225 de 2018, que amplía las posibilidades de contratación de las personas a técnicos auxiliares de Bufetes Colectivos para realizar trámites ante varias instituciones del país.
• Resolución  236 de 2018, que autoriza a la Caja de Resarcimientos a exigir el pago de la responsabilidad civil dispuesta por el Sistema de Tribunales a sancionados que cometen delitos a instituciones o personas jurídicas, con ello eliminamos impunidad e incrementamos fondos para el pago a víctimas de los delitos.

Sobre el funcionamiento de la Caja de Resarcimientos, Silveira Martínez comentó que en los últimos años se avanzó en la  efectividad  de su trabajo y que en el 2018 pagó  30 millones 701 mil pesos a 11 679  víctimas y cobró más de 19 millones pesos a los sancionados.

El Ministro de Justicia resumió que al organismo estatal aún le queda mucho trabajo por hacer, pero que lo avanzado les permite concentrar los esfuerzos en la solución de los problemas pendientes. Añadió que para ello se cuenta con el compromiso y responsabilidad de directivos, especialistas y trabajadores, en su mayoría jóvenes y mujeres

“Nos pueden faltar recursos materiales y financieros pero cada persona que acuda a una unidad del Sistema del Ministerio de Justicia se tiene que sentir dignificada por el buen trato y servicio recibido” concluyó.

Fiscalía General de la República: Preservar la legalidad

La Fiscalía General de la República de Cuba, Yamila Peña Ojeda, comenzó su intervención en el programa televisivo haciendo referencia a la rendición de cuenta que realizó el organismo en diciembre de 2017 ante el Parlamento cubano.

Informó que a partir de las recomendaciones recibidas hace un año en la Asamblea nacional del Poder Popular, se llevó a cabo una revisión de los sistemas de trabajo para evaluar cómo se estaban enfrentando los procesos y elevar la preparación de la fuerza de trabajo de la Fiscalía.

Un elemento importante en este sentido son los sistemas de supervisión e inspección para revisar cada una de las acciones que efectuadas y comprobar que todo haya marchado según establece la Ley.

• Fiscales en Cuba: 1769
• Personal no fiscal: 3123
• El 80 por ciento de los trabajadores de la Fiscalía son mujeres y el 75 por ciento de los cargos de dirección están ocupados por féminas.

“Hemos tenido este año un número importante de hechos delictivos que afectan el patrimonio de las personas y el fiscal debe interactuar en el control de esas investigaciones para que los procesos sean objetivos y se logre individualizar la participación de las personas”, expresó la Fiscal General.

Artículo de la actual Constitución sobre el papel de la Fiscalía:

Art. 127: La Fiscalía General de la República es el órgano del Estado al que corresponde, como objetivos fundamentales, el control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos; y la promoción y el ejercicio de la acción penal Pública en representación del Estado.

Yamila Peña comentó sobre la importancia de estar preparados para atender las denuncias del pueblo. “Las personas acuden a nuestros locales constantemente. Tenemos que proteger a los ciudadanos. Desde el mes de enero hasta noviembre hemos atendido a más de 145 mil personas”.

Para lograr un nivel más amplio de atención han diversificado las vías para recibir solicitudes, han firmado convenio con varias instituciones, entre ellas la Federación de Mujeres Cubanas porque muchas féminas acuden a la Fiscalía.

Además, se presta especial atención a los casos que involucran a menores, a sectores vulnerables de la sociedad o se encuentran en zonas de difícil acceso.

Otra tarea de la Fiscalía es llevar a cabo acciones de control sistemáticas. “Durante el presente año hemos realizado más de 600 acciones de control en diversas entidades”, acotó la Fiscal General, quien además ejemplificó con tres sectores en los que han puesto la mira en el 2018: 1- El control, uso y destino del combustible 2- Protección del consumidor 3- Puntos de venta de materiales de la construcción.

“Una vez que concluimos la acción de control, a partir de las violaciones que se detectan emitimos una resolución, con efecto vinculante (obligatorio) para que se restablezca la legalidad. En algunos casos hay que tomar medidas disciplinarias o se han detectado hechos delictivos que luego se han procesado”, agregó Peña Ortega.

Sobre los resultados de esas acciones de control, opinó: “es importante buscar el origen de los problemas, porque estamos hablando de las consecuencias, pero las medidas deben atacar las causas para ser más efectivas”.

Sobre la Reforma Constitucional en Cuba, Yamila Peña comentó que los fiscales han estado acompañando de manera activa el proceso. “Tratamos el análisis hacia lo interno con mucho detalle. La Constitución nos impone nuevos retos, aunque nuestra misión no cambia en esencia. Los primeros objetivos de la Fiscalía General de la República será el control del ejercicio de la acción penal y pública en representación del Estado y, por supuesto, velar por el cumplimiento de la legalidad”.

“Vamos a tener una Constitución mucho más inclusiva y garantista. El debido proceso se refuerza, lo que impone un reto a todos los trabajadores de la Fiscalía y para eso nos estamos preparando”, dijo.

Tribunales: La responsabilidad de actuar en el nombre del pueblo de Cuba

“Impartir justicia es resolver conflictos de diversa naturaleza, juzgar y decidir sobre contradicciones de diversa índole y en temas sensibles para las personas naturales y jurídicas”, dijo Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular al comenzar su intervención en la Mesa Redonda.

“La responsabilidad de actuar en el nombre del pueblo de Cuba implica que a la hora de juzgar todos estos conflictos debamos aplicar las leyes vigentes y también tener alta sensibilidad y humanismo”, añadió.

Las decisiones judiciales impactan en cuestiones muy sensibles y de gran trascendencia para los ciudadanos, por tanto repercute directamente en la calidad de vida. Una cuestión clave es que existan mecanismos para que los derechos de las personas no puedan ser violados. Esto repercute en el orden y la tranquilidad ciudadana, así como en la confianza y la seguridad jurídica.

“Una de las características que definen a los jueces cubanos es que ejercemos nuestra función como un servicio público. Es importante que se trabaje en la mejora continua de la calidad del servicio y ese es nuestro foco central”, reflexionó el presidente del Tribunal Supremo.

Comunicó que se han definido cuáles son los elementos esenciales que atraviesan la calidad en el procesamiento y tramitación de los conflictos judiciales: 1- Celeridad, prontitud (una patología global en cuanto a los excesivos atrasos, que en ocasiones demoran años) 2- Respeto a los derechos de las partes y los procesamientos de la ley (debido proceso) 3- En cada caso adoptar decisiones basadas en las pruebas. El elemento probatorio es muy importante. 4- Sentencias entendibles, comprensibles para el ciudadano en cuanto a las razones de la decisión.

Artículo de la actual Constitución sobre el papel de los Tribunales:

Art. 121: Los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurado con independencia funcional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado.

El Tribunal Supremo Popular ejerce la máxima autoridad judicial y sus decisiones, en este orden, son definitivas.

A través de su Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria; toma decisiones y dicta normas de obligado cumplimiento por todos los tribunales y, sobre la base de la experiencia de estos, imparte instrucciones de carácter obligatorio para establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley.

Un tema trascendental para el Tribunal Supremo es dar respuesta con prontitud. “Tenemos una batalla permanente por cumplir los plazos que la Ley establece para cada trámite. Tenemos un sistema para detectar cuándo se están demorando los procesos”.

Desde enero hasta noviembre de 2018, 137 mil 906 asuntos han sido ingresados en los tribunales, de los cuales 136 mil 365 (89%) fueron resueltos este mismo año. En tramitación demorada, o sea que rebasan los límites permisibles, se encuentran 453 (0.4%).

Cumplimiento de sentencias (entre enero y noviembre de 2018):

• Total: 118 mil 782
•  Ejecutadas: 107 mil 462 (90%)
• Pendientes con demoras: 428 (8.2%)

Remigio Ferro también hizo referencia a la Reforma Constitucional que actualmente se vive en la Isla, pues una de las esferas en las que tendrá mayor impacto la nueva Carta Magna es el sistema judicial.

Algunos temas que se añaden o refuerzan son la posibilidad de reclamar por la confiscación de bienes en procesos administrativos o por daños causados por funcionarios del Estado, el debido proceso, el habeas corpus y la vulneración de los derechos constitucionales.

El Presidente del Tribuanal Supremo adelantó que nuna vez aprobada la nueva Constitución, deberán  presentar la Ley de Tribunales y las nuevas normas de procedimiento en un plazo de 18 meses.

Casos que con más frecuencia llegan a los Tribunales según su tipología:
 

Materia Penal:

1- Delitos patrimoniales: robo con fuerza en vivienda habitada u otros escenarios, hurto, apropiación indebida, estafa. “Esta es una familia que llega con bastante frecuencia a los tribunales”, dijo Rubén Remigio Ferro.

2- “Lamentablemente, los delitos asociados a la violencia los tenemos en un segmento no despreciable de la población”. Se expresa en delitos como lesiones, amenazas, coacción, portación y tenencia de armas.

3- Delitos económicos o asociados a la corrupción: actividad económica ilícita, malversación, evasión fiscal, lavado de activos.

4- Delitos asociados a la tenencia de drogas.

Materia civil:

1- Conflictos entre vecinos por espacios y construcciones colindantes. “Son conflictos muy agudos y complicados, además generan contradicciones a nivel de barrio”.

2- Compra-venta no formalizada de viviendas y vehículos. “Ha habido una práctica de entrar en este tipo de negocio sin legalizar los traspasos”.

3- Solicitudes de nulidad o enmienda de actos notariales.

4- Reclamaciones por el pago de deudas, entrega de bienes o incumplimiento de contrato.

Materia de familia:

1-  Divorcios.

2- Reconocimientos de uniones matrimoniales no formalizadas.

3- Demanda de pensiones alimenticias

4- Litigios sobre la guarda y cuidado de los hijos, que “son de mucha sensibilidad pues impactan en toda la familia”.

Materia laboral:

1- Inconformidades de los trabajadores por medidas disciplinarias impuestas.

2- Controversias sobre mejores derechos a ocupar plazas o puestos de trabajo.

3- Reclamaciones sobre aplicación de sistema de pagos.

Materia económica:

1- Reclamaciones por el incumplimiento de los contratos. Problemas que se reflejan por las cadenas de impagos

2- Tráfico mercantil y económico  entre las entidades –no solo estatales, sino también comienza a darse entre trabajadores por cuenta propia y cooperativas.

Dato interesante: Comienza a verse entidades extranjeras que acuden a dirimir sus controversias con contrapartes –tanto cubanas como foráneas presentes en Cuba– a los Tribunales, a pesar de que pudieran optar por las Cortes Arbitraje, “lo cual es una muestra de confianza en la capacidad de nuestro sistema judicial”, expresó Remigio Ferro.

Principales vertientes de trabajo para mejorar la calidad del servicio de los Tribunales:

• Papel activo de los jueces en la práctica de pruebas en todos los procesos disponiéndolas de oficio cuando sea pertinente.
• Tratamiento especial en los conflictos relacionados con la familia, propiciando análisis y enfoques interdisciplinarios, escuchando a los abuelos cuando resulte necesario y protegiendo el interés superior del niño.
• Reforzamiento de los actos de colegiación de las decisiones y resoluciones.
• Planificación, organización y desarrollo de los juicios y comparecencias para evitar largas estadías de las personas y suspensiones innecesarias
• Correcta individualización y adecuación de las sanciones en los casos penales.
• Uso adecuado de los beneficios de excarcelación anticipada.
• Fortalecimiento de las acciones coordinadas de control, influencia y atención a las personas que extinguen sanciones penales en libertad.
• Atención a las quejas y denuncias de la población sobre el trabajo de los tribunales.
• Progresiva digitalización de los expedientes judiciales.

(Fuente:Cubadebate)