La Habana, 17 ene (RHC) El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, rechazó las recientes declaraciones del Departamento de Estado del gobierno estadounidense respecto a la prolongación por solo 45 días de la suspensión de la entrada en vigencia del Título III de la Ley Helms-Burton, la cual codifica el bloqueo contra Cuba.
En su cuenta oficial en Twitter el canciller dijo: «Rechazo firme y categóricamente anuncio del Dpto de Estado Estados Unidos de suspender por sólo 45 días aplicación Título III Ley Helms-Burton. Chantaje político y hostilidad irresponsables para endurecer bloqueo a #Cuba. Brutal ataque Derecho Internacional y a terceros Estados».
En un tuit anterior, el ministro recordó que desde 1996, todos los presidentes de Estados Unidos suspendieron la aplicación del Título III de la Helms-Burton, incluido el actual, Donald Trump, debido a la «flagrante extraterritorialidad» y los daños que «provocaría a intereses corporativos de Estados Unidos, además de que sometería arbitrariamente a empresas de terceros países a las Cortes de Estados Unidos.».
A través de ese mecanismo Washington se arroga el derecho de promover un juicio contra aquellos inversionistas de terceros países que inviertan en Cuba en propiedades nacionalizadas.
De acuerdo con el texto de la ley, se considera «propiedad norteamericana» a las nacionalizadas en Cuba después de 1959, cuando triunfó la Revolución Cubana, en tanto se define como «traficar» a la compra, recepción, uso o inversión posterior en esas posesiones.
La aplicación de ese apartado ha sido suspendida por todas los gobiernos estadounidenses desde su aprobación en 1996, dados los perjuicios que implicaría su puesta en práctica, no solo para Cuba, sino para Estados Unidos y aliados de esta nación como la Unión Europea -UE.
Pero mientras las prórrogas de esa suspensión siempre se realizaban cada seis meses, el secretario de Estado, Mike Pompeo, decidió que ahora solo será de ese período reducido de 45 días.
Según dio a conocer el Departamento de Estado, ese plazo «permitirá llevar a cabo una revisión cuidadosa del derecho a actuar en virtud del Título III a la luz de los intereses nacionales de Estados Unidos» y de lo que Washington califica como «transición a la democracia», en una posición injerencista hacia Cuba.
La agencia federal indicó en un comunicado que alienta a cualquier persona que haga negocios en Cuba a reconsiderar «si está traficando con propiedades confiscadas».
El 1ro. de noviembre pasado, tras pronunciar un discurso en Miami, Florida, en el cual incrementó la hostilidad hacia la nación caribeña, el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, declaró a reporteros que la Casa Blanca estaba considerando permitir la entrada en vigor del Título III.
Phil Peters, fundador de la consultoría empresarial Focus Cuba, manifestó en un artículo sobre el tema que los socios comerciales de Estados Unidos objetarán con razón la aplicación extraterritorial de las sanciones de Estados Unidos.
El analista estimó que muchos se unirán a Canadá, México y el Reino Unido para promulgar leyes que impidan a sus compañías cumplir con cualquier acción resultante de la Helms-Burton, y que la UE seguramente reactivará una acción contra la ley presentada ante la Organización Mundial del Comercio.
EE.UU. evalúa permitir juicios por propiedades confiscadas por Cuba, dice Pompeo
Estados Unidos evalúa permitir juicios por propiedades privadas incautadas por Cuba luego de la revolución comunista, dijo la víspera el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, advirtiendo en especial a las empresas extranjeras que puedan estarse beneficiando de esto.
Pompeo dijo que estaba revisando avanzar con la Ley de Libertad, una norma de 1996 que permitiría a los emigrados cubanos demandar tanto a las empresas privadas como a la propia Cuba por obtener ganancias de propiedades nacionalizadas después de la revolución de Fidel Castro en 1959.
Hasta ahora, los gobiernos estadounidenses han usado su autoridad para retrasar la implementación de esta ley cada seis meses, pero Pompeo anunció que emitirá una suspensión por solo 45 días a partir del primero de febrero.
El jefe de la diplomacia estadounidense dijo en un comunicado que durante ese período la administración del presidente Donald Trump llevaría a cabo una “revisión cuidadosa” del tema.
Washington analizará los “esfuerzos para acelerar la transición a la democracia en Cuba e incluirá factores como la brutal opresión de los derechos humanos y las libertades fundamentales del régimen cubano y su apoyo indefendible a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos en Venezuela y Nicaragua”, afirmó.
“Alentamos a cualquier persona que haga negocios en Cuba a que reconsidere si está traficando con propiedades confiscadas y ayudando a esta dictadura”, añadió en el documento.
Esta advertencia es otro cambio brusco de las políticas del antecesor de Trump, Barack Obama, quien normalizó las relaciones con Cuba y dijo que las décadas de medidas estadounidense para derrocar al Estado comunista cubano habían fracasado.
Incluso antes de la campaña de reconciliación promovida por Obama, los sucesivos gobiernos de Estados Unidos determinaron que la Ley de Libertad arriesgaría relaciones clave, ya que aliados europeos y Canadá han hecho grandes inversiones en Cuba.
La Unión Europea (UE) presentó protestas y se quejó ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) tras la aprobación en 1996 de esta norma, que autoriza las demandas de propiedad en tribunales estadounidenses como parte de una expansión del embargo que el país norteamericano ejerce sobre Cuba.
La Ley de Libertad fue impulsada por el senador republicano de extrema derecha Jesse Helms y el congresista Dan Burtan, luego de que en 1996 Cuba derribó dos aviones de exiliados activistas cubanos.
El Consejo de Comercio y Economía entre Cuba y Estados Unidos, que apoya a las empresas estadounidenses en la isla, dijo que la medida de Pompeo fue calculada para “crear incertidumbre y, por lo tanto, ansiedad”.
La suspensión de 45 días “presenta la posibilidad de un siniestro panorama comercial, económico y político” para Cuba, la UE y todos los miembros de la OMC, dijo el presidente del consejo, John Kavulich. (Fuente: JRebelde, Cubadebate).
