Por: Emmanuel Gentile (Russia Today)

Las restricciones al crédito externo a las que muchas veces son sometidos los países en desarrollo de América Latina, promovieron a lo largo de los años una estrecha y tormentosa relación entre la región y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya intervención prestamista suele estar asociada a profundas crisis económicas, en especial desde la llamada "década perdida" de los 80, hasta la actualidad.

En la mayoría de los casos, los sucesivos gobiernos liberales han aplicado, siguiendo las recetas del organismo, ajustes recesivos que recaen en la población y despiertan un descontento social que hace tambalear a la clase dirigente.

Ecuador ha ingresado recientemente en el grupo de naciones que conocen en carne propia las consecuencias de asumir una deuda que se torna impagable y termina en una debacle financiera y una crisis social incontenible: aunque con economías muy dispares, Argentina, Haití, Bolivia y Venezuela han pasado por lo mismo.

Es preciso señalar que el FMI, a través de sus acuerdos 'stand-by', el instrumento crediticio utilizado por el Fondo para los países emergentes, otorga préstamos con tasas de interés más bajas que las que se consiguen en el mercado financiero privado, pero, como contrapartida, exige a los Gobiernos aplicar reformas estructurales de la economía para reducir su déficit fiscal, bajo un estricto monitoreo de su directorio. ¿Cuáles han sido los resultados?

Venezuela: 'Paquetazo' + crisis = 'Caracazo'

En febrero de 1989, el ya impopular Gobierno venezolano de Carlos Andrés Pérez aplicó una serie de reformas económicas impuestas por el FMI, conocidas como 'Paquetazo', a cambio de recibir un préstamo de 4.500 millones de dólares. 

La receta fue sin dudas un cóctel explosivo: los aumentos de la gasolina, el transporte público, los alimentos y otros productos de primera necesidad, coincidieron con el congelamiento de los salarios.

La bronca popular no tardó en eclosionar. Los primeros disturbios y saqueos en las calles comenzaron el día 27 en la ciudad de Guarenas, en el Estado de Miranda, pero pronto se extendieron a lo largo y ancho del territorio venezolano. La respuesta de Andrés Pérez fue aplicar más violencia mediante las fuerzas de seguridad, y el resultado, según cifras oficiales, fue de 2.000 muertos, aunque el número de víctimas mortales se duplica de acuerdo a estimaciones no gubernamentales.

La doble odisea de Argentina

La crisis de 2001 en Argentina es un reiterado ejemplo de que las recetas del organismo de crédito internacional en los países en desarrollo de Latinoamérica pueden terminar de la peor manera. Tras la década menemista, de corte neoliberal, la situación financiera y los problemas del endeudamiento externo se tornaron insostenibles para el Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2002), quien a pesar de haber cambiado el contexto global decidió mantener la convertibilidad (un peso argentino valía un dólar). 

Para diciembre, el FMI cortó el flujo de ayuda económica ante la inestabilidad financiera y la imposibilidad de pago del país. Las medidas de ajuste aplicadas hicieron lo propio, y la declaración del llamado 'corralito', que implicó una restricción bancaria para el retiro de dinero en efectivo, terminó de encender la mecha.

La escalada de violencia en las calles de Buenos Aires trepó a su punto máximo el 19 y 20 de diciembre, con la declaración del estado de sitio y una represión sin precedentes: 39 civiles muertos y más de 200 heridos. En cuestión de horas, De la Rúa abandonó la Casa Rosada en helicóptero, y le sucedieron 4 presidentes en solo 11 días. 

A pesar de haber dejado un pésimo recuerdo en su paso por Argentina tras la crisis de 2001, el FMI volvió a intervenir en la economía de Buenos Aires por pedido del Gobierno de Mauricio Macri, quien en 2018 accedió a un crédito récord en la historia de la institución financiera: 57.000 millones de dólares. 

Después de haber aplicado un fuerte ajuste fiscal y monetario, y aún sin poder controlar el preocupante nivel de inflación —en 2018 fue del 47,6 %, la más alta de Latinoamérica después de Venezuela—, la Casa Rosada tomó el camino del endeudamiento. En pocos meses, Argentina se transformó en el país más comprometido de la región en ese sentido: sus obligaciones de pago ya representan, según números oficiales, el 58 % del Producto Interno Bruto (PIB).   

Con la economía cada vez más complicada, y un aumento de la pobreza desde el 32 % hasta el 35,4 % de la población en el primer semestre del 2019, Macri cayó derrotado en las elecciones primarias de agosto ante el candidato del peronismo, Alberto Fernández, por 16 puntos. Si bien el futuro presidente se definirá el próximo 27 de octubre, el impacto en los mercados por el aumento de la desconfianza sacudió todos los indicadores económicos.

Tras una brusca devaluación de la moneda local en agosto —la cotización del dólar trepó desde los 42 a los 59 pesos—, el Gobierno tomó una serie de medidas de control cambiario y propuso postergar los vencimientos de pago con el FMI.

Sin haber podido alcanzar las metas monetarias, fiscales y de reservas exigidas por el organismo, la relación comenzó a fracturarse, y el desembolso de 5.400 millones de dólares que esperaba Macri para septiembre quedó trunco. Mientras tanto, el FMI fue tajante: el futuro de ese acuerdo se discutirá después de los comicios. 

Bolivia y la 'masacre de octubre'

En abril de 2003, Bolivia accedió a una línea de crédito de 124,5 millones de dólares por parte del FMI, que se incrementó luego a un total de 248,9 millones de dólares. Aplicando una serie de medidas económicas de austeridad, más la privatización de varios recursos estatales, el Gobierno de Ignacio Sánchez de Lozada intentó avanzar en un plan para exportar gas a EE.UU. a través de Chile, iniciativa que terminó de calentar el clima de ebullición social que ya se vivía. 

En octubre de ese mismo año, un levantamiento popular en la ciudad de El Alto acabó en represión. Al menos 63 personas murieron, mientras que otras 400 resultaron heridas.  

Las protestas y una huelga general desencadenaron la renuncia del gobierno del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), y los dirigentes campesinos y sindicales que encabezaron la revuelta responsabilizaron al FMI y a sus exigencias para otorgar ese préstamo como uno de los factores que provocaron la crisis. "Aprendemos de las experiencias que encaramos en cada país", dijo el entonces vocero del organismo, Tom Dawson. 

Ecuador y el resultado de su 'Paquetazo'

Tras acceder Ecuador a un crédito del FMI por más de 4.200 millones de dólares en marzo de 2019, el Gobierno de Lenín Moreno decidió el pasado 2 de octubre una serie de medidas económicas que apuntan, de acuerdo a la organización internacional financiera, a "proteger a los pobres y los más vulnerables".  

Con una deuda externa que para marzo de 2019 superaba los 37.000 millones de dólares una economía dolarizada, el presidente anunció que se pondría fin a los subsidios de los combustibles, cuyas tarifas se elevaron en un 123 %. 

Moreno pretende avanzar, además, con un proyecto de reforma laboral que prevé una marcada quita de beneficios para los trabajadores, como la reducción de vacaciones para los empleados estatales, y una rebaja del salario del 20 % en los contratos ocasionales. 

Los anuncios despertaron una huelga del transporte y levantamientos populares que incluyeron disturbios y saqueos en varias ciudades del país, incluyendo Quito y Guayaquil. Como consecuencia de estas manifestaciones, el pasado jueves el mandatario decretó el estado de excepción durante 60 días para "garantizar la seguridad". Un día después, el FMI apoyó las medidas aduciendo que su objetivo es "fomentar un crecimiento sólido e inclusivo", pero la conflictividad continúa aún luego del levantamiento del paro.

"Financiar la fuga de capitales"

Repasando estos y otros casos de mayor o menor impacto socioeconómico en América Latina, se impone una pregunta: ¿Hubo alguna intervención exitosa del FMI en el continente?

Para el historiador argentino especializado en los países de la región y su relación con los EE.UU., Leandro Morgenfeld, para hablar de éxito hay que analizar primero cuáles son los objetivos, de quién, y para qué.

"El FMI, sobre todo en los últimos 25 a 30 años, fue el instrumento de defensa de los intereses de las grandes corporaciones de EE.UU. y los demás países del G7, especialmente los europeos", señala el especialista.

Un factor común en las economías de la región que recurren al FMI es que, a pesar de obtener millonarias sumas de dinero, terminan con problemas de liquidez, lo que permite inferir que la asistencia financiera no cumple los objetivos, o bien termina en otros destinos.

"En general los gobiernos acaban con problemas de liquidez porque, a pesar de lo que dicen los estatutos formales del Fondo, en muchos casos, como en el de Argentina, el dinero que proviene del organismo se utiliza para financiar la fuga de capitales. Esto deviene, finalmente, en un cuello de botella externo de falta de dinero, que termina en general en un ajuste vía devaluación, como suele suceder en mi país", dice el historiador.

Morgenfeld recuerda que durante el menemismo de los 90, Argentina era presentada como uno de los alumnos preferidos del FMI porque había seguido a pie juntillas sus recetas. Cuando estalló la crisis de 2001, el Fondo fue muy cuestionado en su legitimidad y la estrategia de esa institución financiera, años más tarde, fue presentarse como una institución distinta que había aprendido de sus "errores del pasado".

Sin embargo, el especialista insiste en que la realidad niega esa premisa. "Más allá de ciertos matices, se nota que las condiciones de achicamiento del gasto y reducción del sector público continúan de la misma manera, porque el FMI no es un organismo neutral técnico que pretenda sanear las economías, sino que responde a los intereses de los países potencia, principalmente EE.UU. En la actualidad, siguen imponiendo sus políticas, basadas en planes de ajuste y pérdida de soberanía económica, a cambio de financiamiento".