Foto: Prensa Latina.

Por: Karina Marrón González

La Habana, 18 mar (RHC) El 19 de marzo de 1998 Prensa Latina reportaba desde Ginebra un acontecimiento inusual: Cuba, el país que Estados Unidos señalaba desde 1982 como patrocinador del terrorismo, era reconocido como víctima de ese tipo de acciones.

Un informe presentado ante la 54 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas precisaba que los atentados perpetrados en 1997 en La Habana, contra instalaciones turísticas, eran resultado de la actividad de personas financiadas desde territorio norteamericano.

El documento, elaborado por el relator especial del organismo para el tema de la utilización de mercenarios como medio para violar los derechos humanos, por primera vez admitía que la nación caribeña era blanco de actividades de esa índole.

Cuba, sin embargo, desde el triunfo de su revolución popular en enero de 1959 venía denunciando los numerosos sabotajes y actos de terror que costaron la vida a alrededor de tres mil 400 personas y dejaron discapacitadas a más de dos mil.

Tales acciones se desarrollaban con la complicidad de Estados Unidos, pues en ese país y al amparo de sus autoridades, operaban grupos dedicados a esos fines y residían los principales organizadores.

Mas los sucesos de septiembre de 1997, en los que perdió la vida el joven italiano Fabio Di Celmo, no pudieron ser silenciados ante la confesión del salvadoreño Raúl Ernesto Cruz, detenido en la isla como autor de los atentados con explosivos en distintos espacios turísticos de la capital cubana.

Sus declaraciones fueron televisadas internacionalmente y en ellas reconocía su condición de agente mercenario, quien recibió cuatro mil 500 dólares por cada bomba colocada.  (Fuente: Prensa Latina)