Pedro Castillo: Repsol tiene que pagar por los daños ocasionados por el derrame de petróleo.

Aunque las encuestas de medios de derecha afirman que el presidente de Perú, Pedro Castillo, ha disminuido al 30% su popularidad, el mandatario no cree en ello e indica que se trata de ocultar la poca aceptación de un parlamento controlado por una oposición reaccionaria que trata de boicotear su programa de trabajo y ha hecho renunciar a once de sus ministros en poco menos de seis meses.

Castillo, sin gran experiencia política, es un hombre de acción y sin miedo, por lo que ha enfrentado el derrame de crudo que ha liquidado la flora y la fauna en tres zonas playeras; ha anunciado que serán tomadas fuertes medidas contra los responsables del ecocidio, los propietarios de una refinería asociada a la corporación española Repsol, y ha impedido zarpar al buque responsable del incidente.

Playas negras, aves muertas y críticas a Repsol tras el derrame de crudo en Perú, el peor de los últimos tiempos, ocurrido tras las mareas producidas por la erupción del volcán subterráneo que afectó a la isla de Tonga.

«El daño ecológico en nuestro litoral es inadmisible. Desde el Estado se han dispuesto las acciones penales, civiles y administrativas, a fin de cautelar la soberanía y bienestar del país», añadió el jefe de Estado, tras visitar una de las playas más afectadas por el vertido de crudo en el distrito de Ventanilla, en la provincia del Callao.

«Estamos ante uno de los ecocidios más grandes que se han suscitado en nuestras costas y mar. El Gobierno asume el rol de sancionar a los responsables del daño que afecta trágicamente a la flora, fauna y a las comunidades puestas en peligro y privadas de su sustento cotidiano», expresó, y recibió una respuesta afirmativa de ayuda de Naciones Unidas, así como de varios países con experiencia en este tipo de hecho, como Ecuador y Venezuela.

Horas antes, Castillo había firmado un decreto que declara de interés nacional la emergencia climática, y afirmó que el Gobierno dirigirá las acciones para mitigar los daños causados.

«No dejaremos que pisoteen impunemente nuestros ecosistemas y la honra de nuestro pueblo», puntualizó.

Nada de lesivo

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vázquez, aseguró que, tras conversar con Repsol, el Ejecutivo verificará que ningún acuerdo al que pudieran arribar sea «lesivo para las personas afectadas».

«Este tema de las bolsas laborales o de algunas canastas de alimentos que, entre la empresa y la comunidad están acordando, no forman parte de ningún tipo de indemnización», sostuvo en conferencia de prensa. Agregó que la empresa no podrá contratar a las personas afectadas «en actividades que impliquen algún riesgo».

Por otra parte, Castillo, como respuesta a las afirmaciones de la oposición sobre que alejaría las inversiones, reiteró su invitación a empresarios nacionales y extranjeros a invertir en el país, y aseveró que una de las prioridades de su Gobierno es promover la inversión privada «como motor del bienestar social y la recuperación económica».

En su intervención por videoconferencia en la Agenda Davos 2022, organizada por el Foro Económico Mundial, Castillo reafirmó su compromiso de «continuar realizando un manejo responsable de la economía, garantizando estabilidad jurídica y reglas claras».

«Nuestro Gobierno aprovecha este encuentro para invitar a los empresarios nacionales y a los empresarios extranjeros a invertir en Perú», sostuvo el mandatario.

Sobre el afán de su Gobierno de «renegociar algunos contratos en beneficio de la población», como el caso del consorcio de empresas que explotan el yacimiento de gas de Camisea, uno de los más grandes de Latinoamérica, Castillo insistió en que este proceso se desarrolla a través de «un diálogo abierto, transparente y dentro del marco constitucional vigente».

El jefe de Estado mencionó también el esfuerzo de su gestión para impulsar una recuperación económica «sostenible e inclusiva» y destacó que, según se estima, Perú habría liderado el crecimiento económico en América Latina, tras registrar en el 2021 una expansión de su Producto Interno Bruto (PBI) del 13%.

Asimismo, y a pesar de trabas del legislativo, mayormente opositor, destinó en estos meses 10 000 millones de dólares para la inversión pública en áreas estratégicas como la Educación, el Transporte y la Salud, y subrayó la inversión de 1 000 millones para la adquisición de 70 millones de vacunas anti-COVID, que permitieron al país alcanzar el 84% de la población inmunizada con la pauta completa.

Tras recordar que el precario sistema de salud peruano llevó al país a ostentar la mayor tasa de mortalidad a nivel mundial por el COVID-19, el Presidente anunció que para este 2022 está prevista la llegada de alrededor de 55 millones de dosis adicionales para seguir avanzando con la campaña de vacunación.

Problemas a resolver

El mandatario afirmó que los grupos opositores no le van a detener en su plan de mejorar la vida de la población; en este caso, el relacionado con el difícil problema del agua, cuya disponibilidad es una limitante en muchas zonas del país para el desarrollo agrario. Al respecto, estudiará tres proyectos de irrigación importantes paralizados que suman más de 100 000 hectáreas de las 250 000 que explota la agroindustria.

Los proyectos de Chavimochic III, Ica y Majes Siguas II están parados por diferentes razones que convergen en decisiones políticas que siguen sin solucionarse. Uno de ellos, el de la represa Chavimochic lll, permitiría irrigar 35 000 hectáreas, generar una producción anual de agroexportación de hasta 1 400 millones de dólares y 140 000 empleos directos permanentes.

Por otra parte, con el proyecto Agua Grande (en Ica), se aseguraría la continuidad de la inversión con cifras similares a las de Chavimochic, así como la irrigación de diferentes cuencas de las zonas de Huancavelica y Huaytará, lo cual ayudaría a mejorar la agricultura de la zona.

Para Pedro Castillo es todo un reto que tendrá que enfrentar, y más cuando responsables de las zonas afectadas señalan que han sido víctimas de más de 10 años de inactividad del gobierno central de turno. Se necesita un cambio de actitud completo, ya que, debido a la corrupción, los concesionarios concluyen que, si bien el marco normativo es bueno, la relación con los funcionarios es distinta. (Tomado de Cubasi).