Por: José Mario Zavaleta

La semana recién concluida, ante el centro contra la corrupción y la impunidad en el norte de Centroamérica fue expuesta la lucha contra la corrupción en países como Guatemala, Honduras y El Salvador, a través de un análisis en donde el gobierno salvadoreño es el principal señalado.

La jefa jurídica de Cristosal, Ruth Eleonora López aseguró que El Salvador se encuentra sumergido en una red de corrupción dirigida desde el más alto nivel estatal, ante una situación de ruptura del estado de derecho y la desarticulación total del sistema de control entre los órganos a partir de la concentración de poder del ejecutivo.

Otros factores denunciados por la representante de anticorrupción y justicia de Cristosal son, la cooptación de las instituciones de control como la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia, la asamblea legislativa, la fiscalía general de la república y el instituto de acceso a la información pública, entre otros.

En el mismo sentido se habló de la neutralización de la corte de cuentas de la república, el tribunal de ética gubernamental, la procuraduría para la defensa de los derechos humanos y el tribunal supremo electoral, de quien se recordó como la institución que reaccionó positivamente y de inmediato ante propuesta de la reelección presidencial avalada por la sala de lo constitucional, el 3 de septiembre de 2021.

Además, se señalaron las actitudes de instituciones del sistema de seguridad e investigación como la fiscalía y la policía nacional civil asociadas al partido oficialista, así como la militarización de la seguridad pública.

Sobre el estado de los derechos humanos y los periodistas, se mencionaron la criminalización, estigmatización y ataques contra ellos; así como el uso del aparato estatal en contra de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación independientes.

López recordó que, en las investigaciones periodísticas, de medios nacionales e internacionales, se lograron demostrar los casos de corrupción donde están señalados funcionarios y exministros del actual gobierno.

Por último, sin dejar de mencionar los trabajos que expusieron en público las negociaciones entre agentes del gobierno con pandillas, y que fueron reveladas por medios independientes y luego acalladas por la actual fiscalía general.

En otro contexto, a través de transparencia Internacional se han dado a conocer los resultados del índice de percepción de la corrupción correspondiente a 2021, a través de lo que se señaló que en 2022 El Salvador podría consolidarse como una dictadura si se sigue socavando la democracia, persiguiendo voces críticas y restringiendo los derechos civiles y políticos.

Los rasgos que muestra el país al respecto destacan que el derecho al acceso a la información está cada vez más restringido, así como altos niveles de opacidad en el uso de fondos públicos.

Existe la presunción de que altos funcionarios del gobierno han participado en esquemas de corrupción multimillonarios en medio de la respuesta a la pandemia del Covid-19, a tal grado que algunos de ellos, así como de anteriores gobiernos, han sido incluidos en la llamada lista Engel, publicada en Estados Unidos, acusados de corrupción y atentar contra la democracia en el país.

Según el estudio de transparencia internacional para El Salvador, son preocupantes las medidas tomadas por el gobierno para socavar la independencia de las instituciones de justicia y cerrar el espacio cívico, como fue la destitución sin un debido proceso de los magistrados de la corte suprema de justicia y el fiscal general el pasado primero de mayo.

El índice de percepción de la corrupción para 2021 clasifica a 180 países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público, en una escala de cero como muy corruptos, a cien como muy transparentes; para el caso, El Salvador ocupa la posición 115, habiendo perdido 11 puntos respecto del año 2020, cuando se ubicó en la 104.

La calificación sigue mostrando un estancamiento en la lucha contra la corrupción en el país. Desde 2012 no se superan los 40 puntos, y a dos años y medio de la gestión del presidente de la república, Nayib Bukele, se han conocido varios casos de corrupción, como los que se mencionaban sobre la gestión de recursos por la pandemia de Covid-19, así como diversos hechos que atentan contra la institucionalidad democrática, y que podrían explicar el incremento en la percepción de la corrupción en el país.

Por último, transparencia internacional ha hecho un llamado al gobierno salvadoreño a fortalecer las medidas para la lucha contra la corrupción, fortalecer la institucionalidad, y respetar la labor de las organizaciones sociales y sus representantes.