Ley de Ajuste cubano. Imagen: Archivo/MC

por Deisy Francis Mexidor

María de las Nieves publicó sus fotos por las redes sociales aparentemente feliz cuando abrazó al familiar que la recibió en Estados Unidos después de un viaje de dos semanas no exento de peligros, iniciado en Nicaragua.

Pero José Ignacio no pudo hacer lo mismo. Su travesía se truncó en un mar demasiado profundo y aún esperan alguna señal suya de cualquier parte quienes conocieron de sus planes y confiaron en la promesa del “pronto nos vemos para celebrar”.

Ambas situaciones de atravesar caminos inseguros en busca de la frontera sur de Estados Unidos, o lanzarse al mar, forman parte de historias de cubanos que deciden emigrar en lo fundamental por cuestiones económicas en medio de un bloqueo recrudecido y que actúa como olla de presión.

Quienes así se aventuran lo hacen alentados por una política que hasta ahora privilegió a los ciudadanos cubanos llegados por esas vías irregulares a territorio estadounidense, en fuerte contraste con el trato aplicado a los que proceden del Caribe insular o de otras zonas de América Latina.

EL AJUSTE DE UNA LEY

El 2 de noviembre de 1966, bajo el mandato presidencial del demócrata Lyndon B. Johnson, el Congreso de los Estados Unidos adoptó la Ley de Ajuste Cubano -vigente todavía-, la cual otorga un estatus especial a todos los ciudadanos de la nación caribeña que abandonan su tierra natal.

El desaparecido político y diplomático cubano Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) entre 1993 y 2013, definió que esa ley tenía una dimensión desestabilizadora por constituir el instrumento de una política que busca promover la emigración hacia Estados Unidos.

La única categoría de personas entre todos los habitantes del planeta que dispone del privilegio de poder adquirir la residencia legal en los Estados Unidos, si se presenta a las autoridades, es la de origen cubano, advirtió.

El único país en el mundo que dispone de esta ley que estimula, promueve y busca con mucha publicidad y campañas mediáticas y por otras formas de incitación a provocar la emigración de cubanos, únicamente de cubanos, son los Estados Unidos, recalcó.

DENUNCIA PERMANENTE “¿Cuántos muertos más hacen faltan para que Estados Unidos tenga una relación migratoria normal con Cuba? ¿Cuántos muertos más hacen falta para que eliminen la Ley de Ajuste Cubano? ¿Cuántos muertos más hacen falta para eliminar el bloqueo y las medidas tomadas en medio de la pandemia (de la Covid-19)?”.

Así preguntó el coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior de Cuba, al intervenir en una reciente Mesa Redonda, un espacio de la televisión que fue dedicado al impacto de la emigración ilegal y su costo humano.

Mientras Laura Pujol, subdirectora general de Asuntos Consulares y Atención a cubanos residentes en el exterior de la Cancillería, destacó que el acto de emigrar no debiera estar acompañado de una noción negativa, sino es un derecho ciudadano que no debe politizarse.

A juicio de la funcionaria, “estamos presenciando un importante incremento de los flujos migratorios originados en nuestro país, y es un fenómeno subsecuente a los dos años de pandemia en los que estuvieron interrumpidas prácticamente las comunicaciones internacionales”.

Puntualizó en ese espacio televisivo que en dicho periodo se evidenció claramente un recrudecimiento de las medidas coercitivas de Estados Unidos contra la Revolución, lo cual, junto a la crisis internacional, deterioraron las condiciones de vida de los cubanos.

“Además de medidas de asfixia económica, se pusieron en práctica un grupo de medidas específicamente destinadas a limitar el flujo migratorio legal hacia Estados Unidos”, precisó.

La diplomática recordó que el migrante cubano, hasta que el gobierno norteamericano restringió las vías legales, utilizaba prevalentemente estas para emigrar. “Lo hacía adoptando un patrón de circularidad, yendo y retornando al país, esa era la situación hasta el inicio de estas medidas contra la migración regular”, recordó.

En ese sentido, destacó que por falta de vías legales para alcanzar su objetivo, a los migrantes cubanos “se les ha estado condicionando a la opción de la irregularidad” con el propósito “de crear una campaña politizada al respecto”.

No obstante, el total de arribos de cubanos por la frontera sur y por vías marítimas no llega al 10 por ciento del flujo migratorio que allá reciben en los puntos fronterizos procedentes de otros países.

La cuestión es que si bien existe un flujo mayor con el resto de los países, no se singulariza ni politiza el fenómeno migratorio, como se hace con el caso cubano.

ACUERDOS MIGRATORIOS

Cuba reiteró en múltiples tribunas que está absolutamente comprometida con el cumplimiento de los acuerdos migratorios y que como derecho de sus ciudadanos debe ser de manera ordenada, regular y segura.

Ambos países firmaron convenios bilaterales en diferentes momentos. En especial los acuerdos de 1994, tras la ola migratoria de entonces, concluyeron con la garantía del Gobierno de Estados Unidos de emitir un mínimo de 20 mil visas anuales.

Poco después, en mayo de 1995, se firmó otro documento sobre los cubanos interceptados en el mar o que entraran ilegalmente a la Base Naval en territorio ocupado de Guantánamo, quienes serían devueltos a Cuba.

Pero eso promovió la conocida política de “Pies secos, Pies mojados”, mediante la cual a los migrantes cubanos que lograran tocar tierra se les permitiría permanecer en territorio estadounidense.

En 2017, poco antes de concluir su mandato, el presidente Barack Obama puso fin a esa disposición; sin embargo, el 10 de diciembre de 2018, ya con Donald Trump en la Casa Blanca, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración cerró de forma permanente su Oficina en La Habana.

De hecho, había suspendido casi en su totalidad el procesamiento de visas desde diciembre de 2017 bajo el pretexto de un supuesto mal de salud de sus diplomáticos, desmentido por informes de la ciencia.

También en 2018, la administración republicana suspendió la aplicación de los acuerdos migratorios bilaterales y el Programa de Reunificación Familiar.

A finales de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba denunció que desde 2017 el Gobierno de Estados Unidos incumplió unilateral e injustificadamente la obligación suscrita en 1994 de asegurar la migración legal a ese país de un mínimo de 20 mil cubanos cada año.

El cierre del procesamiento de los trámites migratorios en la embajada de Estados Unidos en La Habana desde octubre de 2017 ocasionó en los últimos cinco años que los nacionales tengan que viajar a Guyana para realizar sus trámites, sin garantías de otorgamiento y con el consecuente gasto.

El pasado mes de abril se desarrolló en Washington D.C., la capital estadounidense, la primera ronda de conversaciones migratorias tras ser suspendidas tres años atrás.

En los últimos meses se dan algunos pasos en la materia y según el anuncio de Estados Unidos, a partir del 4 de enero de 2023 procesará íntegramente en la capital cubana todas las visas de inmigrantes, y ya los que aspiren a salir del país de forma definitiva no tendrán que ir a Georgetown, Guyana.

Este 15 de noviembre vuelven a reunirse, ahora en La Habana, las delegaciones de ambos lados, lo cual sin dudas resulta una señal positiva en el camino hacia una migración ordenada, regular y segura.  (Tomado de PL)